La CEG y la Comisión Galega da Competencia abordan, en una jornada, la prohibición de contratar por infracciones y los programas de cumplimiento

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha organizado, en colaboración con la Comisión Galega da Competencia (CGC), la “I Jornada Técnica CGC-CEG sobre Competencia y Contratación Pública: La prohibición de contratar por infracciones de competencia y los programas de cumplimiento”.

En el evento han participado Ignacio López-Chaves, presidente de la CGC; Diego Castro-Villacañas, vocal asesor de la Subdirección de Vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); José Luis Martínez-Olivares, titular de la firma MO Abogados y profesor del departamento de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la USC; Daniel Neira, vocal-secretario del Pleno de la CGC.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha incidido en que una contratación pública abierta, transparente y competitiva es beneficiosa para todos: “para las administraciones, porque permite obtener mejores condiciones y un uso más eficiente de los recursos públicos. Para las empresas, porque garantiza oportunidades reales de concurrencia. Y para la sociedad, porque contribuye a mejorar la calidad de los servicios y las infraestructuras que recibe”.

La jornada ha abordado la prohibición de contratar con el sector público como consecuencia de infracciones en materia de competencia y las posibilidades de rehabilitación, mediante la adopción de medidas correctoras y programas de cumplimiento.

La CEG defiende sin ambigüedades el respeto a las normas de competencia. “Los acuerdos colusorios, especialmente en las licitaciones públicas, perjudican al conjunto del mercado, distorsionan la concurrencia y lesionan la confianza que debe presidir la contratación con las administraciones. No puede haber una competencia efectiva si no existen reglas comunes y si quienes participan en el mercado no las respetan”.

La seguridad jurídica es otra reivindicación que la CEG ha trasladado de manera constante. “Necesitamos un marco normativo estable, una regulación proporcionada y una administración que facilite la actividad económica, sin renunciar, a los controles y exigencias que legítimamente corresponden al interés general. El cumplimiento normativo no debe entenderse únicamente como una obligación formal o como una respuesta ante una eventual infracción. Debe formar parte de la cultura de gestión de las organizaciones empresariales”, apunta Vieites.

Así mismo, señala que “prevenir es siempre mejor que corregir. Y disponer de procedimientos internos adecuados, controles efectivos, formación, canales de información y mecanismos de supervisión permite reducir riesgos, mejorar la gobernanza y fortalecer la confianza de clientes, proveedores, trabajadores y administraciones públicas”.

Recuerda que el ordenamiento jurídico europeo contempla la posibilidad de que una empresa que haya incurrido en una infracción adopte medidas correctoras eficaces y demuestre que ha recuperado las condiciones de fiabilidad necesarias para volver a contratar con el sector público.

Por ello, sostiene que “la finalidad de las sanciones debe ser evitar las conductas contrarias a la competencia, proteger el interés general y prevenir que vuelvan a producirse. Pero también debemos reconocer el valor de la corrección efectiva, de la reparación del daño cuando proceda y de la implantación de medidas que acrediten un cambio real en la organización y en sus procedimientos. En este sentido, los programas de cumplimiento pueden convertirse en una herramienta de responsabilidad empresarial y también de recuperación de la confianza”.

También ha llamado a no perder de vista la realidad del tejido empresarial gallego, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y empresas familiares. “Reclamamos que los contratos públicos tengan en cuenta los precios de mercado y la fluctuación de sus condiciones, porque no podemos exigir a las empresas que presten servicios o ejecuten proyectos en condiciones económicas que no se corresponden con la realidad. La contratación pública debe garantizar la concurrencia, pero también debe ser económicamente sostenible para quienes concurren y para quienes finalmente ejecutan los contratos”.

Vieites reitera el compromiso de la CEG con la defensa de la libre competencia, la seguridad jurídica y una contratación pública transparente. “Queremos empresas responsables, que cumplan las reglas y compitan con honestidad. Pero también queremos un marco normativo que ofrezca certidumbre, reconozca los esfuerzos de corrección y prevención y permita que las empresas que hayan subsanado sus incumplimientos puedan recuperar su actividad en los términos que establece la ley. Porque una economía competitiva necesita normas exigentes, pero también proporcionadas; instituciones independientes, pero abiertas al diálogo; y empresas comprometidas con el cumplimiento, la innovación y la creación de riqueza y empleo”.