La CEG rechaza frontalmente la utilización de la fiscalidad, la contratación pública y las cotizaciones sociales “como instrumentos de presión ideológica, penalizando a las empresas que no se ajusten a un modelo definido unilateralmente por el Gobierno”
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) muestra su profunda preocupación por el contenido del informe sobre democracia en el trabajo presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “y por el enfoque ideológico que vuelve a impregnar las iniciativas de su departamento, una vez más alejadas de la realidad económica y empresarial de nuestro país y, en particular, del tejido productivo gallego”.
El informe plantea un cambio radical del modelo empresarial y de relaciones laborales “bajo el pretexto” del desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución, pero lo hace, -dicen-, “mediante propuestas que suponen una intervención directa en la propiedad privada, en la libertad de empresa y en la capacidad de gestión, pilares básicos de cualquier economía moderna y competitiva”.
El presidente del empresariado gallego, Juan Manuel Vieites, explica que resulta especialmente preocupante que se proponga la entrada obligatoria de representantes de los trabajadores en los consejos de administración, con cuotas de hasta la mitad de los asientos en determinadas empresas, así como la atribución de derechos de veto y capacidad decisoria en materias estratégicas. “Este planteamiento no solo desnaturaliza la función del órgano de administración, sino que introduce un riesgo evidente de bloqueo en la toma de decisiones, pérdida de agilidad y conflictos de interés que pueden comprometer la viabilidad de las empresas”.
En cuanto al acceso obligatorio de los trabajadores al capital de la empresa, la CEG considera inaceptable que se pretenda imponer porcentajes de participación accionarial sin aportación económica alguna, sin asunción de riesgos patrimoniales y sin responsabilidades equivalentes a las del resto de socios. “Reconocer a los trabajadores como inversores laborales sin inversión ni riesgo real supone una distorsión del concepto mismo de propiedad y una grave inseguridad jurídica para empresarios, inversores y emprendedores”.
Asimismo, rechazan frontalmente la utilización de la fiscalidad, la contratación pública y las cotizaciones sociales “como instrumentos de presión ideológica, penalizando a las empresas que no se ajusten a un determinado modelo de democracia interna, definido unilateralmente por el Gobierno. Este enfoque introduce una discriminación inaceptable entre empresas, desincentiva la inversión y sitúa a España en clara desventaja competitiva frente a nuestro entorno europeo”.
Vieites recuerda que el tejido empresarial gallego está formado mayoritariamente por pymes y empresas familiares, muchas de ellas con dificultades reales de relevo generacional. “En lugar de facilitar su continuidad y crecimiento, este tipo de propuestas generan incertidumbre, desconfianza y un mensaje muy negativo para quienes arriesgan su patrimonio, crean empleo y sostienen la actividad económica”.
Desde la CEG reiteran que la participación de los trabajadores, el diálogo social y la mejora de las condiciones laborales son objetivos legítimos y compartidos, pero deben alcanzarse a través del acuerdo, la negociación colectiva y el respeto al marco constitucional y europeo, no mediante imposiciones que ponen en cuestión la propiedad privada y la libertad de empresa.
“Pedimos al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Trabajo, que abandone las ocurrencias ideológicas y se centre en políticas realistas, orientadas a mejorar la productividad, reducir la carga burocrática y fiscal, y reforzar la competitividad de nuestras empresas, que son las únicas capaces de generar empleo estable y riqueza sostenible en Galicia y en el conjunto de España”, urge Vieites.
