La CEG reivindica el plan firmado con la Xunta y UGT como “un avance significativo en la construcción de entornos laborales más saludables y en la búsqueda de soluciones compartidas”

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) pone en valor la firma, junto con la Xunta de Galicia y UGT-Galicia, del Plan integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia 2026-2029, “un acuerdo que representa un avance significativo en la construcción de entornos laborales más saludables y en la búsqueda de soluciones compartidas a algunos de los retos que afronta actualmente el mercado laboral gallego”.

El acuerdo, suscrito el pasado 7 de agosto por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, el secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, es fruto del trabajo desarrollado durante las últimas semanas en el marco de la Mesa del Diálogo Social de Galicia, institucionalizada este año y concebida como un espacio permanente de concertación entre la Administración y los agentes sociales.

Para la CEG, el valor de “este acuerdo trasciende las medidas concretas que contempla. La firma demuestra que cuando administración, empresas y representantes de los trabajadores comparten diagnóstico, escuchan las distintas realidades y buscan puntos de encuentro, es posible alcanzar acuerdos que benefician al conjunto de la sociedad”.

En palabras del presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, “el avance del diálogo social es fundamental para el empresariado y el conjunto de la sociedad y el plan constituye una gran iniciativa para los derechos de los trabajadores, una cuestión que debe avanzar de la mano de la competitividad y la productividad de las empresas”.

Uno de los elementos más innovadores será el desarrollo de un mecanismo de acompañamiento a la reincorporación al trabajo después de una baja laboral. La CEG considera especialmente relevante este enfoque, “porque permite superar una visión exclusivamente centrada en el momento de la baja para prestar atención también a la prevención, al bienestar, a las condiciones organizativas y a una reincorporación adecuada de las personas a sus puestos de trabajo”.

El plan apuesta, además, por acompañar al tejido productivo gallego, formado mayoritariamente por personas autónomas, pequeñas empresas y microempresas, para que puedan avanzar voluntariamente en la adopción de medidas de prevención y bienestar que vayan más allá de los mínimos establecidos legalmente.
Para la CEG, este planteamiento resulta especialmente importante porque permite adaptar las políticas públicas a la realidad empresarial de Galicia y evita soluciones uniformes que no tengan en cuenta las diferentes capacidades, dimensiones y características de las empresas.

“Una de las principales aportaciones del diálogo social consiste en incorporar a la misma mesa las diferentes perspectivas y responsabilidades: la protección de los derechos y la salud de las personas trabajadoras, las necesidades de las empresas y del tejido productivo, y la responsabilidad de las administraciones en la gestión eficiente de los recursos públicos”, subraya Vieites.

La propia CEG ha defendido durante los últimos años que el diálogo social constituye un instrumento esencial para configurar las relaciones laborales y avanzar hacia acuerdos realistas, posibles y adaptados a las necesidades tanto de las empresas como de la parte social. Vieites ha reivindicado también la negociación colectiva “como un elemento fundamental para la paz social y ha reclamado reforzar el papel del diálogo social frente a decisiones unilaterales”.

La firma de este Plan integral supone, en este sentido, un ejemplo concreto de lo que puede aportar una cultura de concertación.

“Este proceso demuestra que dialogar no significa renunciar a las posiciones propias, sino ponerlas en común para encontrar soluciones que puedan ser compartidas y aplicadas. El resultado es un acuerdo que incorpora las preocupaciones del tejido empresarial, las legítimas demandas de los trabajadores y la responsabilidad de la Administración de diseñar políticas públicas eficaces”, dice.

Para la CEG, este es precisamente el sentido que debe tener el diálogo social: “convertir la discrepancia legítima en capacidad de acuerdo y el diagnóstico compartido en medidas concretas”.

El empresariado gallego valora especialmente que la Xunta haya impulsado este proceso y “haya apostado por escuchar y trabajar conjuntamente con los agentes sociales, así como el compromiso demostrado por UGT-Galicia y por el conjunto del tejido empresarial representado por la organización empresarial gallega”.