Tanto desde la Xunta de Galicia como desde la CEG reivindican la bajada del IVA del pescado y se alían para lanzar campañas de promoción para incentivar el consumo.
Para atajar el reto de las vacantes hablan de captar el talento de personas de terceros países, “reforzando las oportunidades de aprendizaje y la movilidad, y facilitando el reconocimiento de las cualificaciones”.
Así mismo, con respecto a la emigración apuntan a “aprovechar el cambio normativo que ha introducido la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales basada en la formación para articular programas de integración de inmigrantes para su inserción en el mercado”.
Tras la última reunión de la Comisión Mar Industria de la CEG, señalan que “las circunstancias de los últimos meses, como la baja salinidad, han provocado un descenso interanual de más de un 60 % entre las especies más representativas, afectando significativamente al sector marisquero y mejillonero, siendo cerca del 100% en algunas especies y zonas de producción. Esta caída es preocupante y refleja la complicada situación del sector. Así mismo, la bajada del consumo y las condiciones económicas, han añadido más tensión a la situación precedente”.
El presidente de la CEG afirma que “es imprescindible seguir impulsando la colaboración público-privada para fomentar el proceso de transformación digital de la economía y de la sociedad gallega en general, teniendo en cuenta la integración de las necesidades de recursos humanos en el sistema de formación y empleo, con mayor capacidad de gestión preventiva de los nuevos riesgos”.
“No es muy coherente que si contamos con una cartera de proyectos que posicionarán a Galicia a nivel internacional, y que previsiblemente contarán con financiación comunitaria, no se apueste por las infraestructuras necesarias que permitan su despliegue y competitividad”, advierte Vieites, a lo que añade la exclusión de Galicia de la red troncal de hidrocarburos de Europa y la paralización de los parques eólicos.
Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, ha reclamado “arbitrar las medidas necesarias para conseguir la transferencia y gratuidad de peajes de la AP-9, transferencia avalada unánimemente por el Parlamento de Galicia”. También llama la atención sobre que se cuente con los empresarios y sus organizaciones “tanto para el diseño, como para la implementación del plan director del Corredor Atlántico y constituir una mesa de seguimiento que permita articular esta imprescindible cooperación público privada”.