La CEG traslada al Gobierno de España y al presidente de la Xunta de Galicia las medidas que empresarios y autónomos consideran necesarias para hacer frente a las consecuencias de los incendios

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha enviado al Gobierno de España y al presidente de la Xunta de Galicia un recopilatorio de una serie de medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias de los incendios. El documento ha sido elaborado con las propuestas recopiladas por las organizaciones integradas, tanto a nivel territorial como sectorial. “Una propuesta viva, que se irá actualizando, dicen, según se vayan identificando daños y necesidades a través de las organizaciones, empresas y autónomos”.

A la espera de poder hacer una valoración definitiva de las consecuencias de esta catástrofe, se proponen una serie de medidas de carácter urgente y transversal, diseñadas para mitigar el impacto de esta crisis y para facilitar la reactivación económica, medidas que han sido recabadas con el apoyo de las organizaciones integradas en la Confederación de Empresarios de Galicia, destacando la Confederación Empresarial de Ourense, siendo ésta la provincia más afectada.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, señala que “la resiliencia del tejido empresarial depende del compromiso institucional y de su agilidad en la respuesta. Las medidas planteadas no solo buscan paliar los efectos inmediatos de la ola de incendios, sino también asegurar la capacidad de adaptación y recuperación de autónomos y pymes en el medio y largo plazo. Esto será fundamental para evitar cierres definitivos, preservar empleo e iniciativas emprendedoras, reconstruir capacidades productivas y recuperar el atractivo turístico de las comarcas afectadas, promoviendo la fijación de población en el rural gallego”.

Por todo ello, para favorecer la toma de decisiones, la CEG solicita la creación de una mesa de coordinación interinstitucional que incluya representantes de la Xunta de Galicia, diputaciones y ayuntamientos afectados, además de asociaciones empresariales y organizaciones de autónomos, con el fin de diseñar y ejecutar un plan integral de recuperación.

Algunas de las necesidades identificadas y medidas propuestas, han sido:

1. Ámbito Sociolaboral

• Prestación extraordinaria por cese o cambio de actividad por fuerza mayor, sin necesidad de cierre definitivo.
• Planes de mantenimiento del empleo para evitar despidos en empresas afectadas.
• ERTE por fuerza mayor con exoneración de cotizaciones y protección reforzada.
  Exoneración al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure el período de suspensión o se reduzca temporalmente la jornada laboral, a consecuencia de expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños ocasionados por los incendios, manteniéndose dicho período como cotizado.
• Aplazamiento en el pago de las cuotas devengadas en un período de tiempo entre el inicio de la ola de incendios y una fecha de 2026, y que no se apliquen intereses durante la duración del aplazamiento.
• Establecer una moratoria para el pago de cuotas a la Seguridad Social para las empresas y autónomos directamente afectadas por los incendios.
• Asesoramiento técnico y jurídico para la reactivación de negocios, tramitación de ayudas y gestión de daños.

2. Ayudas Económicas

• Subvenciones directas, exentas de tributación, para la reconstrucción y reparación de instalaciones, maquinaria, vehículos y reposición de mercancías a autónomos y empresas con domicilio fiscal en municipios afectados por los incendios, y también para los que tengan establecimientos o explotaciones en dichos municipios, aunque no tengan el domicilio fiscal en dichas localidades. Las ayudas deben llegar a autónomos y empresas independientemente de su condición jurídica.
• Líneas de financiación bonificada con aval público, con una flexibilización de los requisitos para la concesión de avales por parte de Sociedades de Garantía Recíproca
  (SGR) a las empresas afectadas.
• Incentivos a nuevos proyectos que contribuyan a la reactivación económica en zonas afectadas.
• Moratoria de préstamos hipotecarios y no hipotecarios para hogares, autónomos y empresas de la zona afectada gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC)
• Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
• Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinadas a que hogares, autónomos y empresas puedan paliar cuanto antes los daños causados en sus viviendas y negocios por los incendios.

En particular, para el sector viticultor y agrícola se solicitan las siguientes ayudas:

Subvenciones extraordinarias por las pérdidas de producción agrícola, ganadera o forestal; compensación por pérdida de cabezas de ganado, colmenas y viñedos afectados; y para la compra urgente de forraje, piensos y alimentación animal.

Establecer en 2025 la reducción en el rendimiento neto previo del 35 por ciento del precio de adquisición del gasóleo agrícola y del 15 por ciento del precio de adquisición de los fertilizantes, para las actividades agrícolas, forestales y ganaderas.
Reducción del índice de rendimiento neto para la uva del 32% al 22% y la rebaja del índice de rendimiento neto en el caso de transformación del vino para los elaboradores de vino del 42% actual al 21%.
Replantación/reconversión de viñedo y flexibilidades PAC por fuerza mayor; refuerzo de agroseguros y avales.
Autorizaciones exprés para replantar, cambios varietales resistentes y adecuación temporal de pliegos (en coordinación con Xunta/Consello Regulador).
Plan de sostenibilidad turística en destino (extraordinario) para aquellas zonas de especial interés turístico afectadas y ayudas directas por el efecto de todas las cancelaciones.

3. Fiscalidad y Trámites
-Exenciones temporales y/o reducciones de impuestos autonómicos y locales.

IRPF

• Prórroga del período voluntario de ingreso hasta una determinada fecha.
• No integración en la base imponible de las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de la percepción de las ayudas directas a trabajadores autónomos, en cualquiera de los municipios o áreas afectadas.
• Declaración de exención del impuesto de las ayudas por daños que se establezcan.
• Establecer una reducción del 25 por ciento del rendimiento neto de 2025 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes que desarrollen actividades económicas con arreglo al método de estimación objetiva, en los municipios afectados por los incendios.

IS. No integración en la base imponible de las ayudas directas que se establezcan.

IVA. Reducción del 25 por ciento del importe de las cuotas devengadas por operaciones corrientes para aquellos empresarios o profesionales acogidos al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido en 2025, en los términos municipales afectados por los incendios.

IBI. Exención de la cuota del IBI a favor de los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de
características especiales situados en los municipios afectados que hayan resultado dañados, acreditando la necesidad de realojo total o parcial de las personas o bienes en ellos ubicados hasta la reparación de los daños sufridos; o las pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas hayan supuesto siniestros no cubiertos por seguro público o privado.

IAE. Establecimiento de una reducción en la cuota del IAE a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad estén ubicados en los municipios afectados directa o indirectamente.

• Permitir a los autónomos afectados renunciar excepcionalmente a aplicar el régimen de módulos en 2025, tributando en tal caso en el régimen de estimación directa simplificada, sin que esta decisión impida que el contribuyente pueda volver a aplicar el sistema de módulos en 2026 o 2027.
• Ampliación de los plazos en la gestión tributaria.
• Aplazamientos de deuda. Concesión de un aplazamiento de 24 meses para el ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el inicio de la ola de incendios hasta 30-1-2026, sin que se devenguen intereses de demora.
• Aplazamientos sin intereses en pagos a la Seguridad Social y Hacienda.
• Simplificación administrativa para agilizar licencias, reconstrucción y acceso a ayudas y creación de una ventanilla única para dar soporte.

4. Infraestructura y Prevención

• Rehabilitación urgente de caminos rurales, accesos a explotaciones y redes de comunicación.
• Planes de contingencia y prevención con participación empresarial.
• Extracción, en el menor plazo posible, de la madera quemada, para que se pueda aprovechar en la industria del aserrío y en la trituración.
• Poner en marcha desde la Administración un plan de reforestación productiva con incentivos a especies autóctonas y líneas de ayudas para forestar nuevamente las áreas quemadas, que incluya medidas para la recuperación apícola.
• Formación en gestión de riesgos para autónomos y empresas.
• Revisión de los protocolos de prevención y extinción de incendios y dotación adecuada de los recursos necesarios para una mejor eficiencia.