La CEG traslada a la conselleira de Medio Ambiente la necesidad “de actuar coordinadamente para frenar posibles visiones restrictivas de la costa, como las pretendidas en los dos intentos anteriores”

La Comisión Mar Industria, miembros del consejo asesor y de organizaciones integradas de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se han reunido con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para abordar las implicaciones de la consulta pública previa sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modificaría el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas.

Se trata de la tercera ocasión en que el ejecutivo central pretende modificar el Reglamento General de Costas. Por ello, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha trasladado, durante la reunión, la necesidad “de actuar coordinadamente para frenar posibles visiones restrictivas de la costa, como las pretendidas en los dos intentos anteriores de modificación, que pudieran llevar aparejados recortes en la duración de las concesiones y prórrogas o el endurecimiento de los requisitos para desarrollar actividades económicas en el litoral, incluso ampliando el dominio público marítimo-terrestre”.

En el día de ayer, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en su portal el texto de la modificación del Reglamento General de Costas, a fin de cumplir el ejercicio del trámite de audiencia e información pública (plazo desde el lunes 09 de marzo de 2026 hasta el miércoles 01 de abril de 2026).

La modificación del Reglamento General de Costas podría suponer tanto desafíos como cambios estructurales importantes para la actividad económica vinculada al litoral gallego. “Para las empresas de Galicia, en particular aquellas en sectores del mar y de actividades costeras, es crucial participar activamente en las consultas públicas, dialogar con las administraciones y ajustar sus estrategias de negocio a un enfoque más ligado a la sostenibilidad ambiental y a la transparencia regulatoria”, señala.

Desde la Comisión Mar Industria precisaron, en su momento, que había que modificar la Ley de Costas para garantizar la continuidad de usos, instalaciones y actividades de las concesiones anteriores a mayo de 2013. “Trasladamos la necesidad de implementar de la nueva ley autonómica (LOXILGA) e insistir en las modificaciones necesarias a nivel estatal que permitan la continuidad de la actividad existente y promover nuevas instalaciones, sin perjuicio de la sostenibilidad de la costa”.

Con respecto a las implicaciones, explican:

Incertidumbre jurídica: La ausencia de un texto claro y la limitación del periodo de consulta pública (al mínimo legal de 15 días) generan preocupación sobre la falta de transparencia en la definición de las futuras reglas de juego.

Dificultades de planificación: Las empresas con inversiones vinculadas al litoral (sector turístico, mar-industria, puertos y actividades logísticas) podrían enfrentar mayor complejidad para planificar inversiones si cambian los criterios de concesión o se endurecen los requisitos administrativos.

Mayor riesgo regulatorio: Si el reglamento amplía el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), puede verse afectada tanto la propiedad como la capacidad de explotación de actividades económicas.

Riesgo para inversiones existentes: Empresas que cuentan con concesiones a largo plazo podrían ver afectadas sus expectativas de explotación.

Insisten en que el tejido empresarial gallego vinculado al mar —pesca, acuicultura, transformación de productos del mar, logística portuaria y servicios turísticos costeros— es especialmente relevante para la economía de la comunidad. La CEG, históricamente, ha puesto énfasis en el mantenimiento de la competitividad y condiciones estables de mercado para las empresas. También enumeran los posibles efectos sobre estas actividades:

Restricción de usos económicos: Si se endurecen los requisitos y se amplía el DPMT, actividades tradicionales que generan empleo y valor añadido podrían ver limitadas sus posibilidades de ampliación o renovación de concesiones.

Dificultad en actividades auxiliares: Empresas proveedoras de servicios a los sectores pesquero y turístico (equipamiento portuario, transportes, hostelería, marisqueo) podrían experimentar mayor cautela inversora ante un marco normativo más incierto.

Desde la Comisión Mar Industria de la CEG y en las alegaciones aportadas a la consulta pública previa se insta a:

Conocer la documentación relativa al expediente de infracción INFR (2022)4121, a los efectos de que poder permitir conocer el alcance real que se quiere dar a la modificación del Reglamento de Costas.

Que se realicen todas las reuniones necesarias con los sectores afectados, para que sean realmente conocedores de las necesidades de las personas afectadas, de forma que no se realice una regulación fuera de la realidad, plasmada desde un despacho;

Que, en todo caso, antes de modificar el reglamento, se proceda a modificar la Ley de Costas, una vez realizadas todas las reuniones precisas con el sector mar- industria.