La CEG recuerda que “si se frena el despliegue eólico, se pone en riesgo la reindustrialización de Galicia”
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) manifiesta su evidente preocupación por las consecuencias de la reciente sentencia del TSXG sobre A Ruña III, “toca analizar las consecuencias para el proyecto, ya que al tratarse de una anulación de la autorización administrativa previa y de construcción, el proyecto pierde su base legal de ejecución. Si la promotora recurre (posible casación ante el Tribunal Supremo) el proceso puede alargarse años, lo que genera una prolongada incertidumbre. Con ese retraso, puede perder sentido económico el proyecto (costes añadidos, cambios tecnológicos, evolución del mercado eléctrico) y quedar desfasado o descartado”.
Con esta sentencia se obligaría a retramitar el proyecto del parque eólico, cuando ya había obtenido autorización ambiental y de construcción de la Xunta de Galicia, en el marco de un procedimiento avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desde el empresariado se ha alertado, en numerosas ocasiones, de “pérdidas millonarias”, de que la paralización e inseguridad jurídica afectan no sólo al promotor sino al conjunto del tejido industrial auxiliar (obra civil, fabricación, servicios).
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, recuerda que “si se frena el despliegue eólico, se pone en riesgo la reindustrialización de Galicia, pues muchas industrias electrointensivas dependen de electricidad barata y renovable”.
También hace hincapié en que “supone un mensaje que puede congelar inversiones, motivar rechazos de nuevos proyectos o elevar los costes y plazos, lo que resulta contraproducente para la competitividad de Galicia”.
En un contexto en que Galicia necesita urgencia para activar energías renovables y atraer industria, “se puede provocar que los años pasen sin que los proyectos vean la luz, lo que daña tanto la transición energética como la base industrial”, dice.
Vieites manifiesta que “estamos muy preocupados por las consecuencias que puede tener de cara al futuro la revisión de la aplicación sistemática de la normativa estatal o autonómica relativa a las autorizaciones de proyectos energéticos o industriales, entre otros, más si cabe la revisión al detalle de procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se han desarrollado previamente por la administración, durante largos meses”.
A este respecto, el presidente de los empresarios gallegos advierte que “detrás de cada proyecto hay muchas empresas que sufren importantes costes cada vez que se adopta una decisión de paralización o anulación. Galicia está en un momento clave para modificar su modelo económico e industrial y los proyectos eólicos son parte fundamental de la necesaria transición energética, que debe hacernos más competitivos”.
