La CEG recuerda que en Galicia “las personas autónomas no son solo la base de muchos oficios, sino también y principalmente son generadoras de nuevas empresas”

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha trasladado una serie de necesidades fundamentales del colectivo de personas trabajadoras autónomas y propuestas para paliarlas a Irene Garrido, diputada nacional y coordinadora de Economía del Partido Popular; Pedro Puy, diputado nacional y presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso; Jaime de Olano, diputado nacional y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso; Marta González, Francisco Conde, Tristana Moraleja y Cristina Abades, diputados nacionales y Rosa Sánchez Gándara, senadora del PP.

Destacan que “las personas autónomas son la base no solo de muchos oficios sino principalmente de la generación de nuevas empresas y desarrollo económico. Si no cuidamos la base de la generación de tejido productivo, limitamos nuestra capacidad de generar valor y riqueza”.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, asegura que “consideran urgente dotar al autónomo de una verdadera seguridad jurídica, fiscal y social, eliminando las barreras que actualmente desincentivan el emprendimiento y penalizan el desarrollo de la actividad económica”. En el caso de Galicia, conviene recordar que continúa siendo la comunidad con mayor número de personas trabajadoras autónomas por cada habitante de entre 16 y 64 años (127,6), según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A ello se suma un dato recogido en el informe GEM 2024-2025: la tasa de actividad emprendedora (TEA) se sitúa en el 6,5%, la cifra más alta de la última década. En este sentido, Vieites subraya que “a pesar de su liderazgo, Galicia registra una reducción gradual en el número de personas autónomas, motivada principalmente por tres factores: el envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional, la disminución de la actividad agrícola y comercial y la elevada mortalidad empresarial en los primeros años de vida de los proyectos”.

En el ámbito económico y fiscal, la prioridad absoluta es aportar certidumbre. “Esto requiere, por ejemplo, establecer que la obligación de cotizar nazca únicamente cuando los rendimientos superen el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual, evitando así la asfixia de quienes inician una actividad o cuentan con ingresos marginales”.

Asimismo, continúa pendiente la transposición de la Directiva (UE) 2020/285, que prevé la implantación del régimen de IVA franquiciado para facturaciones inferiores a 85.000 euros. Esta medida liberaría a miles de profesionales de cargas administrativas innecesarias y permitiría mejorar su competitividad tanto a nivel nacional como europeo, donde numerosos países ya lo aplican.

A esto  suman la demanda histórica de objetivar los gastos deducibles, permitiendo imputar al 50% los gastos recurrentes como vehículo o suministros sin la actual inseguridad jurídica ante Hacienda.

Asimismo, en materia de acceso a la financiación y fondos europeos, es imprescindible: incrementar los esfuerzos para que las personas autónomas (y PYMES) puedan acceder a préstamos con condiciones ventajosas y  desarrollar programas de capacitación para que puedan elaborar proyectos sólidos y cumplir los requisitos para acceder a fondos europeos.

Desde la perspectiva de la protección social, es fundamental mejorar los mecanismos de apoyo para los colectivos más vulnerables, para equiparar progresivamente los derechos del autónomo con los del resto de trabajadores, reforzando su bienestar, reduciendo riesgos y favoreciendo un entorno que impulse el emprendimiento.

En materia de digitalización e internacionalización, resulta fundamental apoyar a las personas autónomas y a las PYMES en la identificación de sus necesidades tecnológicas y en su adaptación a nuevos modelos de negocio. Un informe de IPSOS, solo un 35% utiliza software de facturación y otro 35% de forma manual, mediante papel o Excel.

También aluden a la reforma de la jubilación, proponen eliminar la obligatoriedad de esperar un año para acceder a la jubilación activa y facilitar el relevo generacional permitiendo la figura del colaborador no familiar.

En cuanto a las necesidades del autónomo rural señalan que difieren notablemente de las del autónomo urbano, debido a la menor disponibilidad de servicios, la dispersión geográfica y las dificultades en movilidad, digitalización o acceso a recursos. “Resulta fundamental promover el rejuvenecimiento del trabajo autónomo en el sector agrario, facilitando la incorporación de más profesionales, impulsando el relevo generacional y apoyando la modernización de explotaciones y actividades vinculadas al territorio”.

Asimismo, es necesario avanzar en la creación de líneas de apoyo específicas para actividades económicas esenciales en el medio rural que garanticen la prestación de servicios básicos a la población. Entre ellas destacan el comercio de proximidad y alimentación, así como profesiones vinculadas a oficios tradicionales —albañilería, electricidad, fontanería, pintura, peluquería, entre otros—, cuyo papel es clave para la cohesión social y la calidad de vida de las comunidades rurales y la fijación de población.

Del mismo modo, se deben implementar medidas que frenen el elevado cierre de explotaciones agroganaderas, estableciendo apoyos también para las explotaciones existentes, junto con planes de gestión de los terrenos que dejan de utilizarse cuando estas desaparecen, especialmente en zonas de montaña y en áreas de alto valor ambiental, con el fin de evitar riesgos como los incendios forestales.