La CEG pide responsabilidad institucional y diálogo real ante nuevas propuestas del Gobierno en materia laboral

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) manifiesta su profunda preocupación “por la forma en que el Gobierno está impulsando cambios normativos que afectan directamente al tejido empresarial sin contar con el necesario diálogo social”.

La reciente ampliación del permiso parental mediante Real Decreto-ley, sin consulta previa con los interlocutores sociales, vuelve a evidenciar “una dinámica unilateral que pone en riesgo el modelo de concertación que ha garantizado la estabilidad económica y social en España durante décadas”, advierten.
En este sentido, la CEG se suma a CEOE y CEPYME para afirmar que “esta medida, que se ha tomado sin previa consulta a empresarios y sindicatos, es un ejemplo más de una dinámica preocupante que ignora el modelo de concertación social”.

Y recuerdan que esta forma de proceder se produce en un contexto especialmente sensible para el tejido productivo de nuestro país, ya que las empresas afrontan ya una elevada presión: una tasa de absentismo sin precedentes (con 1,6 millones de personas que faltan cada día a su puesto de trabajo); una caída de la productividad por ocupado del 0,7% en el segundo trimestre; una propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas semanales que no tiene en cuenta la diversidad sectorial ni la realidad de convenios y plantillas; una alta fiscalidad que merma la competitividad de las empresas fuera de nuestras fronteras; y la imposición de obligaciones continuas, como los pretendidos cambios del registro horario y la creciente burocracia, que ahogan a las empresas y personas autónomas.

A esta medida se añade ahora -dicen- la intención, reiterada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, de volver a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI). “Si bien desde la CEG compartimos el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, insistimos en que cualquier modificación del SMI debe hacerse con rigor técnico, evaluación de impacto y acuerdo entre los agentes sociales. Subidas automáticas, desvinculadas de la realidad económica y territorial, generan distorsiones importantes, especialmente en sectores con menor margen y en pymes, que representan la gran mayoría del tejido productivo gallego”.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, asegura que “no se puede seguir legislando al margen del diálogo social, cargando una y otra vez sobre las empresas medidas que incrementan costes y rigideces en un momento de clara desaceleración económica”.

Desde la CEG reclaman previsibilidad, seguridad jurídica y un marco estable que favorezca la inversión, el empleo y la competitividad. “En un momento en que la economía gallega necesita consolidación y estabilidad, no podemos permitirnos más improvisaciones ni anuncios unilaterales que generan incertidumbre y desconfianza. Es hora de recuperar el respeto institucional hacia el diálogo social real, estructurado y eficaz”.