La CEG afirma que “la sentencia del TJUE es una victoria para el sentido común, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Galicia”
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) celebra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala los procedimientos seguidos en Galicia para la tramitación de parques eólicos y despeja la inseguridad jurídica que ha lastrado al sector durante los últimos tres años. “La sentencia del TJUE es una victoria para el sentido común, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Galicia”, afirman.
El presidente del empresariado gallego señala que “este fallo supone un punto de inflexión para recuperar la confianza empresarial y avanzar en el desarrollo de un sector estratégico para Galicia. Más de 2.300 MW de potencia eólica permanecían paralizados por decisiones judiciales que generaron graves perjuicios a la inversión, el empleo rural y la transición energética”.
Insiste en que “desde la CEG venimos reclamando de forma reiterada un marco estable, ágil y técnicamente solvente para el despliegue de energías renovables. Ahora, con el respaldo del TJUE, corresponde al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) resolver sin más dilaciones los procedimientos pendientes y facilitar la reactivación de los proyectos”.
Añade que “esta resolución también refuerza nuestros reclamos sobre la necesidad urgente de modernizar y ampliar las infraestructuras eléctricas, mejorar la capacidad de evacuación en la red y agilizar los trámites administrativos. Galicia no puede seguir quedando rezagada frente al resto del Estado en la implantación de tecnologías limpias”.
Vieites apunta que “el desarrollo eólico no es solo una oportunidad energética, sino una palanca para el crecimiento industrial, la vertebración territorial y la fijación de población en el medio rural. En un momento clave para el cumplimiento de los objetivos climáticos europeos, Galicia debe poder ejercer plenamente su potencial renovable”.
La CEG reitera su disposición a colaborar con todas las administraciones y actores implicados “para construir un entorno normativo y técnico que permita atraer inversiones, generar empleo de calidad y asegurar un modelo de crecimiento sostenible y competitivo».
