La CEG afirma que “Galicia tiene mucho que aportar al conjunto de España” y pide al delegado del Gobierno “un entorno regulatorio y de inversión que permita a sus empresas competir, crecer y crear empleo”

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha organizado un encuentro empresarial estival en Baiona, que ha contado con la participación del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. En el mismo, le han trasladado inquietudes basadas en la realidad que viven las empresas, y que requieren atención urgente por parte del Estado. En la cita ha participado también Manuel Alonso, director de zona Vigo de Abanca, entidad patrocinadora del encuentro.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha subrayado que “Galicia tiene mucho que aportar al conjunto de España, pero necesita un entorno regulatorio y de inversión que permita a sus empresas competir, crecer y crear empleo”.

En este sentido, le han hablado de los “aranceles internos”, por ese elenco de instrumentos que sobrecargan financieramente a las empresas. “Nos preocupan los aranceles, pero más aún la presión fiscal sobre empresas y las cargas vía seguridad social, que llevan al límite su competitividad, especialmente las pymes. Esto, unido a la asfixia de la demanda interna, que está limitando el consumo notablemente, nos pone en una situación difícil. Es necesario optimizar el gasto público y también ajustar a la baja la presión fiscal”.

Así mismo alertan sobre la ruptura de la unidad y solidaridad del Estado, “que sin duda repercutirá en mayores desigualdades y en un paulatino desmantelamiento del país. Es una situación que no debe avanzar más, pues el punto de no retorno está próximo”.

Otra de las inquietudes del empresariado gallego es el absentismo, “necesitamos medidas que permitan agilizar la recuperación de la salud de las personas trabajadoras. Una mayor participación de las Mutuas como parte del sistema nacional de salud, puede ser clave».

Sobre la reducción de jornada advierte que puede comprometer seriamente la viabilidad de muchas empresas. “Tendrá un impacto directo en empresas y en la ciudadanía en forma de peor oferta de bienes y servicios o de un aumento de sus precios. Producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo o con mayores costes va a ser muy difícil o, en muchos casos, imposible. Reiteramos nuestro rechazo para justificar una medida que es fruto de un acuerdo meramente político y, también, a la intervención que supone, de nuevo, en la negociación colectiva”.

Añade que “la reducción de jornada debería realizarse en función de los sectores y asentada en la autonomía de la negociación colectiva, como hasta ahora. Las empresas tendrán que asumir un incremento de salarios, produciendo inflación sobre los mismos, situación preocupante. Las jornadas ya están en muchos casos en 1.780 horas y en términos organizativos, en determinados sectores, resulta inviable reducirlas más. Va a generar un coste evidente y no hay soluciones flexibles”.

Del control horario dice que “ha derivado en un exceso de burocracia que castiga especialmente a autónomos y pymes. Pedimos que se escuche a los sectores antes de legislar y que se busquen fórmulas flexibles que no perjudiquen la actividad”.

El empresariado también ha hecho hincapié en que Galicia, necesita presupuestos generales del Estado que reflejen de forma clara el compromiso con la cohesión territorial. “El previsible bloqueo para la aprobación y una nueva prórroga puede suponer un lastre para la inversión, la innovación y el crecimiento. Además de limitar el margen de acción del Gobierno para canalizar fondos europeos, financiar infraestructuras clave o aplicar incentivos que ayuden a mejorar la competitividad. No necesitamos una economía funcionando con el freno de mano puesto, sino presupuestos que respondan a los desafíos actuales. En Galicia, tememos que una prórroga suponga una ralentización en la ejecución de proyectos vitales, como el Corredor Atlántico, la mejora de las conexiones ferroviarias o el impulso a la industria energética. Pedimos responsabilidad institucional, estabilidad y visión de futuro. La economía no puede quedar atrapada por el bloqueo político. Lo que está en juego no son cifras en una tabla, sino el día a día de miles de empresas que generan empleo, valor y cohesión social”.

En cuanto al desarrollo de la Ley de Costas lamentan que “ha generado una gran inseguridad jurídica para muchas actividades productivas. Necesitamos una regulación que proteja el litoral, sí, pero que también permita la continuidad y el desarrollo de industrias históricas que cumplen todos los estándares ambientales. Reclamamos un marco estable y adaptado a la singularidad de Galicia”.

Por otro lado, piden un compromiso claro del Gobierno “para que Galicia sea productora de energía y también beneficiaria directa de ella”.

En cuanto a infraestructuras energéticas, han hecho un inciso, para explicar que “para muchas empresas gallegas, el apagón no fue solo una interrupción puntual: fue un recordatorio de la dependencia crítica que tenemos de un suministro eléctrico estable, seguro y bien dimensionado. No podemos permitirnos que se repita”.

Por ello, desde la CEG reclaman:

• Modernización y refuerzo de la red de transporte eléctrica, especialmente en zonas industriales y rurales, donde la capacidad de evacuación y distribución es insuficiente u obsoleta.
• Agilidad administrativa en la tramitación y conexión de nuevos proyectos energéticos, tanto renovables como de autoconsumo o almacenamiento.
• Inversiones estratégicas coordinadas con Red Eléctrica Española para garantizar una malla robusta, que minimice riesgos de desconexión. No se trata solo de producir energía, sino de poder distribuirla eficazmente.
• Un plan específico para Galicia, que tenga en cuenta nuestras condiciones territoriales, climáticas y económicas, y que permita que nuestras empresas no solo sean productoras de energía, sino también beneficiarias de su aprovechamiento industrial.

Instan “a que no se limite a reaccionar ante los fallos, sino que anticipe y planifique con visión a medio y largo plazo”.

Por último, han alertado sobre la reducción significativa de las ayudas previstas para el sector pesquero en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y la Política Agraria Común (PAC) cuyo sesgo penaliza a las explotaciones medianas y pequeñas, dificultando el relevo generacional y la modernización del sector.

Por eso, piden al Gobierno que:

• Defienda en Bruselas el peso estratégico de Galicia en ambos sectores.
• Garantice una representación activa y técnica en las negociaciones del marco financiero plurianual,
• Promueva un modelo de gestión que simplifique la tramitación, reduzca las trabas burocráticas y acerque los fondos a las empresas.
• Trabaje junto a las comunidades autónomas para identificar proyectos tractores y prioridades regionales.

En cuanto al acuerdo entre la UE y EEUU, solicitan a las administraciones comunitarias y al Gobierno español a:

· Acelerar la clarificación del texto definitivo del acuerdo y sus implicaciones sectoriales.
· Proporcionar información precisa y anticipada sobre excepciones, plazos y condiciones.
· Dotar a los exportadores de Galicia y otras regiones de herramientas de adaptación y apoyo, ante escenarios de inestabilidad comercial.