La Comisión de Emprendimiento y Autónomos de la CEG destaca la necesidad de armonizar la legislación para favorecer el emprendimiento

La Comisión de Emprendimiento y Autónomos de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha comenzado a preparar un catálogo de temas, de manera consensuada, en las principales áreas de interés con el objetivo de fomentar el emprendimiento y mejorar la situación de las personas autónomas, haciendo hincapié en la necesidad de la armonización de la legislación, a nivel local y autonómico.

También se comentaron como aspectos prioritarios la promoción de la cultura emprendedora, la fiscalidad y las elevadas cargas burocráticas así como la necesidad de favorecer especialmente el emprendimiento en el rural.

Pretenden generar opinión y seguir trabajando en la cultura de emprendimiento, con medidas consensuadas adecuadas. Así mismo, la junta directiva de la CEG ha designado a Luis García Santalla, presidente de la FCEL, como presidente de dicho órgano.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha explicado que “Se percibe una tendencia a condicionar el acceso a beneficios o a la actividad económica en función de la adhesión a determinados modelos empresariales. Esto genera: inseguridad jurídica, desincentivos a la inversión y pérdida de competitividad frente a otros países europeos”.

Por ello alerta que “las políticas públicas deben ser neutrales y orientadas a la eficiencia económica, no a imponer modelos ideológicos que afectan directamente a autónomos y emprendedores”.

Así el informe sobre democracia en el trabajo presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz plantea un cambio radical del modelo empresarial y de relaciones laborales, “mediante propuestas que suponen una intervención directa en la propiedad privada, en la libertad de empresa y en la capacidad de gestión, pilares básicos de cualquier economía moderna y competitiva”.

Vieites advierte que “dichas ocurrencias introducen participación obligatoria de trabajadores en órganos de dirección; alteran la estructura de propiedad empresarial y generan riesgo de bloqueo en la toma de decisiones. Para autónomos y emprendedores esto implica una pérdida de control sobre su propio negocio y un incremento de inseguridad jurídica. El emprendimiento requiere autonomía en la gestión; introducir rigideces estructurales desincentiva la creación de nuevas empresas”.

El presidente del empresariado gallego subraya que “los autónomos son los más vulnerables a cambios regulatorios. Carecen de capacidad para absorber incrementos de costes o incertidumbre normativa. Cualquier reforma debe partir de la realidad estructural del tejido productivo, donde el autónomo no tiene margen de adaptación comparable al de grandes empresas”.

En cuanto a la propuesta de eliminar el IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 €, confirma que “se alinea con la necesidad de la simplificación administrativa, la reducción de cargas burocráticas y es una medida coherente con el modelo europeo (régimen de franquicia del IVA). Sin embargo, debe evitarse que se convierta en una medida aislada sin abordar la presión fiscal global, las cotizaciones sociales y puede generar efectos frontera (desincentivo a crecer por encima del umbral). La supresión del IVA es positiva, pero insuficiente si no se acompaña de una reforma integral del sistema fiscal y de cotizaciones”, concluye.

Se lleva tiempo defendiendo la idea de operar sin repercutir IVA, especialmente desde las federaciones de autónomos. La Directiva (UE) 2020/285, permite que los países de la UE establezcan un umbral nacional de hasta 85.000 € de facturación anual para que pequeños negocios y autónomos puedan operar sin repercutir IVA. Esta medida reduce trámites y costes de cumplimiento: menos tiempo en liquidaciones, menos riesgo de errores y menos dependencia de gestoría para algo muy rutinario. ATA incluso calcula un ahorro administrativo de hasta unos 600 € al año para muchos autónomos.

Afirma que “será especialmente positivo en actividades pequeñas, de servicios, con estructura ligera y pocos gastos. Además, España llega tarde y es una anomalía competitiva: ya que en buena parte de la UE ya existe una franquicia de IVA para pequeños negocios, mientras que aquí el autónomo muy pequeño sigue con una carga formal desproporcionada”.

Por otro lado, al respecto de las últimas revisiones del sistema de cotización por ingresos reales dice que “están suponiendo incrementos de cuotas para determinados tramos; mayor complejidad en la planificación financiera y entra en contradicción con las medidas de impulso al emprendimiento y con la necesidad de favorecer el inicio y consolidación de actividad. No es coherente reducir cargas por un lado (IVA) mientras se incrementan por otro (cotizaciones), especialmente para autónomos con ingresos medios o inestables”.

Alude a que CEOE y CEPYME han insistido en la necesidad de reducir cargas fiscales y sociales; evitar sobrecostes regulatorios; y en sus críticas al incremento de cotizaciones, ya que impactan directamente en la competitividad y penalizan la creación de empleo. Además alerta de que el aumento de costes laborales y sociales reduce márgenes en pymes, limita la capacidad de inversión y afecta especialmente a autónomos empleadores.

RELEVO GENERACIONAL

Entre los temas prioritarios figura también el abordaje de un problema fundamental como es el relevo generacional, que afecta especialmente a las personas autónomas y pequeños negocios.

Galicia es una comunidad que conoce bien los retos demográficos, la necesidad de fijar población, de atraer y retener talento, y de garantizar la continuidad de sus empresas, tanto grandes como pequeñas, en todos los sectores. Por eso, espacios de diálogo como este, son más necesarios que nunca.

“En Galicia, la ausencia de sucesores es una de las principales razones por las que se venden las empresas familiares. De hecho, 8 de cada 10 ventas se deben a este motivo”, detalla Vieites.

En este sentido, puntualiza que la fiscalidad también juega un papel importante. “Es necesario planificar cuidadosamente la sucesión o transmisión para evitar problemas financieros que puedan llevar al cierre del negocio. La fiscalidad afecta directamente a la competitividad, tamaño y supervivencia de las empresas y debería ser favorable a la continuidad y sucesión de los negocios y empresas y en especial a la sucesión familiar”.

Así mismo, insiste en la supresión del impuesto sobre el patrimonio y del de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. “Lo que provocan es una disminución del valor de las empresas ante su transmisión y una amenaza al relevo generacional de muchas de ellas”. Añaden que hay que revisar la normativa, tanto fiscal como la que regula fusiones y adquisiciones, para que no penalice el aumento de tamaño de las empresas.