La CEG rechaza la imposición del nuevo modelo de financiación autonómica y advierte de que Galicia no puede ser perjudicada

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) manifiesta su firme rechazo al procedimiento seguido por el Gobierno de España para impulsar el nuevo modelo de financiación autonómica, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el único respaldo de Cataluña y Canarias, y reclama que cualquier reforma de un sistema que afecta directamente a la prestación de los servicios públicos y a la capacidad económica de las comunidades autónomas sea fruto de un verdadero acuerdo multilateral.

Para la CEG, no resulta aceptable que un nuevo modelo de financiación para el conjunto de las comunidades autónomas se impulse sin un consenso suficiente entre los territorios afectados, especialmente cuando una amplia mayoría de gobiernos autonómicos ha expresado su rechazo a la propuesta.

Considera especialmente preocupante “que la reforma esté vinculada políticamente a acuerdos alcanzados con Cataluña y que el resultado pueda traducirse en diferencias de financiación que perjudiquen a comunidades como Galicia, que afronta unas características demográficas, territoriales y económicas que deben ser adecuadamente reconocidas por el sistema”.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, señala que “Galicia no puede convertirse en una comunidad de segundo nivel en materia de financiación, ni asumir una pérdida de recursos como consecuencia de un modelo diseñado atendiendo prioritariamente a las necesidades o demandas particulares de otros territorios”.

La CEG entiende que incrementar los recursos disponibles para las comunidades autónomas es positivo, pero no puede considerarse suficiente si el mecanismo de reparto genera ganadores y perdedores de forma estructural o coloca a determinados territorios en una posición de desventaja.

La financiación autonómica debe garantizar que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, tengan acceso a unos servicios públicos de calidad y que las empresas desarrollen su actividad en un marco de igualdad de condiciones y competencia efectiva.

La CEG reclama al Gobierno “que abandone cualquier planteamiento de imposición y abra un proceso real de negociación multilateral con todas las comunidades autónomas. Es imprescindible que el nuevo sistema tenga en cuenta factores objetivos como: el envejecimiento de la población; la dispersión territorial; la pérdida de población y el reto demográfico; la superficie y la orografía; el coste efectivo de prestación de los servicios públicos; la capacidad fiscal de cada territorio; y las necesidades específicas de financiación de las comunidades”.

Estos elementos resultan especialmente relevantes para Galicia, donde la prestación de servicios públicos en un territorio extenso, envejecido y con una elevada dispersión poblacional implica costes adicionales que deben ser reconocidos adecuadamente por el sistema.

La CEG advierte asimismo de que “un sistema de financiación basado en acuerdos bilaterales o singulares puede acabar generando distorsiones económicas y fiscales entre territorios, algo que perjudicaría especialmente al tejido empresarial”.

Vieites insiste en que “las empresas necesitan un marco estable, previsible y homogéneo para tomar decisiones de inversión, creación de empleo y crecimiento. La proliferación de diferencias fiscales y financieras entre comunidades puede introducir nuevas barreras y alterar las condiciones de competencia dentro del mercado español. Por ello, la reforma debe preservar los principios de solidaridad, suficiencia financiera, equidad territorial, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.

Ante el inicio de la tramitación parlamentaria, la Confederación de Empresarios de Galicia reclama que el Congreso de los Diputados aproveche este proceso para corregir los desequilibrios de la propuesta y garantizar que Galicia no resulte perjudicada.

Dicen que “todavía existe margen para alcanzar un acuerdo que permita disponer de un sistema de financiación actualizado, pero que ese acuerdo debe construirse desde el diálogo y no desde la imposición”.

La CEG reitera que “Galicia necesita una financiación suficiente, justa y estable, capaz de garantizar la prestación de los servicios públicos y de acompañar las necesidades de inversión, competitividad y crecimiento de su tejido productivo. No se puede aprobar un sistema para todos con el acuerdo de solo dos comunidades. Galicia reclama igualdad, transparencia y una financiación que tenga en cuenta su realidad demográfica y territorial. El nuevo modelo debe servir para cohesionar España, no para aumentar las diferencias entre territorios”.

Vieites hace un llamamiento a todas las administraciones “para recuperar el espíritu de acuerdo y alcanzar un modelo que responda al interés general y garantice que ningún territorio, incluida Galicia, quede relegado en el reparto de los recursos públicos”.