La Comisión de Energía de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se ha reunido este jueves, en Santiago, con la presencia de delegada regional noroeste de la Red Eléctrica de España (REDEIA), Isabel Pariente Muñoz.
La Comisión ha repasado cuestiones sobre las que viene trabajando en los últimos meses, como:
• El papel fundamental que juega el coste energético para la competitividad de las empresas.
• La necesidad de dar el impulso definitivo a la producción renovable y el problema que suponen las trabas administrativas para ese despliegue.
• La situación privilegiada de Galicia y su dotación de recursos naturales de primer orden.
• El potencial y apuesta por la producción de hidrógeno que se está haciendo y que no debe ser penalizada por la falta de una infraestructura de conexión y transporte.
• La reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea y la propuesta presentada por el Gobierno de España.
• Los problemas que han encontrado los proyectos de energía renovable (eólicos) sistemáticamente recurridos y que ha supuesto su paralización en muchos casos y en particular el último paso dado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la transposición de España de la Directiva 2011/91/UE.
• La burocracia que lleva aparejada la puesta en marcha de los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
El punto central de la reunión ha sido la planificación eléctrica 2021-2026 y el peso de Galicia en la misma.
Con la aprobación del Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre, se inició un proceso para la actualización de la planificación aprobada con el objeto de incluir aquellas actuaciones urgentes que sean estratégicas y prioritarias para la transición energética e impulsar la industrialización.
Como resultado de este proceso de modificación, el coste de inversión asociado a la vigente planificación se ve incrementado en 321M€, de los que 105 millones se destinan a actuaciones en Galicia y se suman a los 68 millones iniciales. En definitiva, el presupuesto asignado a Galicia pasa a suponer un 2,6% del total estatal.
Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto el condicionante que supone a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica el límite normativo al valor de la inversión, que teniendo en cuenta el previsible salto hacia la electrificación en los próximos años, debería ser revisado al alza.
El presidente de la Comisión de Energía de la CEG, Diego Vázquez Reino, advierte que “con las modificaciones de la planificación actual sobre la mesa, y con la tramitación de la nueva iniciada, es el momento de analizar y valorar si las actuaciones previstas van a garantizar la conexión eléctrica de todos los proyectos industriales que se están desarrollando en Galicia, y prestar nuestra colaboración, para que las decisiones que se tomen permitan afianzar un proceso de reindustrialización en el que nos jugamos mucho”.
Actualmente se está preparando la planificación correspondiente al período 2025-2030. El 23 de diciembre de 2023 se publicó en el BOE la orden por la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas e incorpora los principios que han de regir la elaboración de la planificación: se convoca a los actores del sistema eléctrico, a las comunidades autónomas y a los promotores de nuevos proyectos de generación y consumo eléctrico a la realización de propuestas de desarrollo de las redes de transporte de energía eléctrica. El plazo para la remisión de propuestas está abierto hasta el próximo 31 de marzo.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, afirma que “en una sociedad que aspira a electrificar su economía, contar con las infraestructuras suficientes que cubran las necesidades de los proyectos que se están desarrollando, es absolutamente prioritario. Seguiremos con detalle la evolución de los planes y su ejecución”.
Durante esta Comisión también se abordó la situación de los proyectos energéticos en suspenso o cuyas autorizaciones han sido recurridas, especialmente tras la cuestión prejudicial que ha planteado el TSXJ ante el TJUE y que genera una mayor incertidumbre, pues se cuestiona la transposición de la Directiva 2011/91/UE y que podría tener una repercusión mucho más amplia sobre proyectos industriales de diferente naturaleza y respecto a los que se genera incertidumbre.
Teniendo en cuenta los plazos de resolución de este tipo de recursos, podríamos estar hablando de más de un año y medio y ello repercutirá negativamente en la toma de decisiones de las empresas promotoras.
“Desde la Comisión de Energía de la CEG nos sumamos a la preocupación del sector eólico y de todo el sector industrial en general, porque además de la paralización de parques en tramitación en Galicia, se está cuestionando, años después, la transposición de la directiva europea y por tanto las autorizaciones que se han tramitado en España desde su aplicación”, apunta Vieites.
Sin perjuicio del análisis jurídico de la cuestión que pueda realizarse, "sus consecuencias pueden ser de extrema gravedad para nuestro tejido empresarial y su futuro a pesar del riguroso trabajo realizado por la administración en la tramitación de los proyectos: En el 2023 se validaron 45 expedientes y se rechazaron 48”, recuerdan.
