Señalan que “es preciso impedir retrasos en los proyectos de inversión de las empresas y hacer frente al alto riesgo de deslocalización en aquellas actividades en las que se exigen trámites que se desarrollan de forma muy prolongada en el tiempo”. Subrayan, además, la importancia de que el marco regulatorio en el que se asiente la tramitación de nuevos proyectos “sea lo suficientemente robusto para no admitir fisuras que conduzcan a situaciones de parálisis que condenan a un sector clave”.