La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) traslada al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, las prioridades empresariales para el ejercicio que inicia.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha insistido en que “necesitamos instituciones comprometidas con Galicia y exigentes en España y Europa en la defensa de nuestros intereses, particularmente en los que nos afectan de modo particular, como los del sector agrícola o del sector mar industria, incluida la pesca, el desarrollo de las infraestructuras de transporte, la energía y el desarrollo industrial de Galicia”.
También ha incidido en que “las empresas deben asumir un rol activo en los procesos de análisis y toma de decisiones que afectan a nuestra actividad. La colaboración con el tejido productivo será fundamental para la formación de un ecosistema incentivador de inversiones que impulsen el crecimiento económico de nuestra comunidad”.
Para el empresariado resulta fundamental “fomentar la inversión en los activos de carácter duradero que se utilizan en los procesos productivos reduciendo la presión fiscal empresarial y sobre el ahorro. Especialmente importante, además, es contar con infraestructuras que faciliten la conectividad entre los agentes productivos, reduciendo costes a las empresas, facilitando el acceso a nuevos mercados y generando economías de escala para mejorar la productividad y la competitividad”.
Así como promover el aumento del nivel de formación del capital humano mediante la planificación de las cualificaciones profesionales en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo, en el marco de la cooperación entre empresas, representación de personas trabajadoras y centros formativos.
Del mismo modo, inciden en revisar la normativa, tanto fiscal como la que regula fusiones y adquisiciones, para que no penalice el aumento de tamaño de las empresas, impulsar la internacionalización y facilitar el acceso a planes de financiación alternativos al crédito bancario, derivará en empresas de mayor tamaño, con más capacidad financiera, más potencial para generar economías de escala y, en definitiva, más productivas.
Por último, hablan de fomentar un clima favorable a la actividad empresarial a través de un marco regulatorio e institucional estable y confiable que atraiga las inversiones necesarias para incrementar los niveles de innovación, productividad y competitividad.
Vieites subraya que “Galicia, al igual que el conjunto de Europa, se enfrenta al desafío de hacer del sector industrial la piedra angular de un crecimiento que ha de ser necesariamente sostenible. Es preciso seguir trabajando por la simplificación de la tramitación para la concesión de licencias y permisos a instalaciones y actividades, así como impedir retrasos en los proyectos de inversión de las empresas y hacer frente al alto riesgo de deslocalización en aquellas actividades en las que se exigen trámites que se desarrollan de forma muy prolongada en el tiempo”.
Señala, a su vez, la dotación de suelo industrial suficiente a un precio y calidades en parámetros idóneos, con una tramitación ágil y las políticas fiscales atractivas, facilidades en el acceso a la financiación y mecanismos de ayuda que funcionen de manera ágil y eficiente, como imprescindibles, siempre “escuchando al sector empresarial para conocer su realidad y sacar el máximo rendimiento a los fondos disponibles”.
Actualmente, con una tramitación ambiental rigurosa, tal y como debe seguir siendo, Galicia cuenta con alrededor de 60 proyectos de parques eólicos paralizados. “Esta incertidumbre genera desconfianza y provoca que las inversiones se estén desviando hacia otras regiones que han desbancado a nuestra comunidad de su posición de líder. Este hecho no solo supone perjuicios que pueden ser irreparables para una actividad concreta, sino que pone en peligro el desarrollo de otros proyectos clave para la generación de empleo y riqueza, daña a toda la cadena industrial del metal y la industria gallega en general, y pone en riesgo la transición energética y la descarbonización”.
Sobre fiscalidad de nuevo advierten que afecta directamente a la competitividad, tamaño y supervivencia de las empresas y debería facilitar su continuidad mediante medidas que no afecten a su liquidez.
Por eso, recuerdan su solicitud de supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el impuesto en su configuración actual desincentiva la inversión en empresas productivas y puede llegar a exigir al contribuyente más de lo que el propio patrimonio es capaz de generar y la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, entre otras medidas.
En cuanto a infraestructuras detallan: “necesitamos una apuesta firme por la cohesión y vertebración territorial del noroeste de la Península Ibérica (ferrocarril, hidroducto, etc.) en una situación de partida desfavorable respecto a otros territorios de la Unión Europea que penaliza la competitividad de nuestras empresas en el mercado único europeo y en el mercado mundial; y es inaplazable el pleno despliegue del Corredor Atlántico de mercancías para contribuir a la cohesión territorial del noroeste con el resto de España y con la UE; concluir la red de Alta Velocidad; cerrar definitivamente la conexión de las principales ciudades de Galicia con la meseta por Alta Velocidad y conseguir por fin la conexión en el entorno de las 3 horas; conseguir que España apueste por la conexión férrea con Portugal desde Galicia, consiguiendo la vertebración por alta velocidad del eje Galicia – Porto; y obtener costes de transporte competitivos: “Para ello es imprescindible arbitrar las medidas necesarias para conseguir este objetivo en la Autopista del Atlántico (AP- 9), y concretamente la transferencia de dicha AP-9 a Galicia, transferencia avalada unánimemente por el Parlamento de Galicia, pero que no ha sido aceptada por el Gobierno central”.
Con respecto al impulso a la contratación pública, inciden en que “es necesario adoptar las medidas oportunas para el establecimiento de un sistema que permita considerar las variaciones que puedan poner en riesgo la ejecución de cualquier contrato público -con independencia de su naturaleza o de la administración responsable del mismo-; que tenga en cuenta el precio de todos los factores que influyen en la configuración de los costes, incluidos los salariales; y que no deje fuera insumos tan importantes como la energía o los combustibles”.
Así pues, solicitan eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios o al menos permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales.
Es clave que las administraciones públicas ajusten sus plazos de pago a la normativa vigente, evitando retrasos y prácticas que dilaten el inicio del plazo de pago. El incumplimiento de las obligaciones en tiempo genera problemas a las empresas: de hecho, una de cada cuatro quiebras empresariales, se debe al retraso en los pagos.
Sobre fondos europeos trasladan el descentralizar la gestión de los fondos para que las autoridades locales y regionales tengan más flexibilidad para adaptarlos a las necesidades específicas de cada área.
Prever mecanismos que permitan financiar y dar continuidad, más allá del límite temporal de año 2026, a aquellas actuaciones financiadas con fondos vinculados al PRTR que permitan el desarrollo socioeconómico de Galicia y abreviar los tiempos de resolución de las distintas convocatorias vinculadas a los fondos y adecuar la capacidad administrativa.
Finalmente, destacan el apoyo a la negociación colectiva como herramienta fundamental y apuesta y refuerzo del Consello Galego de Relacións Laborais como pieza clave del sistema de relaciones laborales en Galicia e impulso del Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos de Trabajo (AGA).
En este sentido, desde la Confederación de Empresarios de Galicia, instan a la administración autonómica “a abordar el gravísimo problema que el absentismo laboral por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) y liderar este proceso, facilitando el diálogo y la colaboración entre todas las partes para atajar de manera decidida el problema del absentismo laboral por ITCC en nuestra comunidad”.
