En la Junta Directiva de CEOE, celebrada esta mañana en Madrid, y en la que ha participado Antonio Fontenla –representante de la Junta de Vicepresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)-, se ha valorado la aprobación en el último Consejo de Ministros de los proyectos de Ley sobre las tasas que prevén gravar determinados servicios digitales y las transacciones financieras, y en lo que se refiere al impuesto digital para que las compañías tributen en el mercado español, la patronal gallega se suma a la reivindicación de CEOE y Cepyme de que éste debe abordarse de forma armonizada desde la UE para evitar que afecte a la competitividad de España, y por tanto de Galicia.
La CEG avisa de la necesidad de que, en todo caso, se evite que acabe afectando a empresas españolas y gallegas que ya pagan impuestos y que por tanto se encontrarían en una situación de doble imposición.
Asimismo, la patronal gallega considera que la conocida como Tasa Tobin castiga de forma clara a las empresas españolas y gallegas que operan en mercados regulados dentro del país.
Por lo tanto, consideramos que este nuevo impuesto puede acabar moviendo muchas inversiones hacia otros países o hacia mercados no regulados, motivo por el cual insistimos en la reclamación de una armonización con el resto de los países europeos.
Ámbito laboral
En otro orden de cosas, en la Junta Directiva de CEOE también se abordaron varias cuestiones muy relevantes de la esfera laboral que, trascendiendo a este ámbito, pueden incidir de forma directa y grave en el propio funcionamiento de la economía española y gallega.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto la modificación inminente de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el que regula la subcontratación de obras y servicios (artículo 42), pese a que este punto no fue objeto de la última reforma laboral.
La patronal gallega siempre ha defendido el valor de las personas trabajadoras como elemento clave para la competitividad de las empresas. Sin embargo, esta propuesta, en sus actuales términos, podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo, y por ello no podemos apoyarla.
En la actualidad, la economía gallega y española se basan en un modelo ya consolidado de descentralización y colaboración, en el que la mayor parte de las empresas y sectores delegan en diferentes niveles de subcontratación tareas y servicios especializados, logrando una mayor eficiencia y adaptación al entorno. Esto ha generado un tejido empresarial muy sólido.
Sin embargo, una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas de nuestras empresas.
Concretamente, si el Ministerio de Trabajo aprobara su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo.
A esto se añade que no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración. Por tanto, vemos claramente que la solución planteada por el Ministerio podría generar riesgos no medidos.
Con todo, después de un profundo análisis, efectivamente existen unos efectos no deseados de la reforma laboral de 2012 que se circunscriben a la posibilidad de regular por convenio de empresa los salarios de los trabajadores. Esto ha dado lugar a que un reducido número de estos convenios establezca salarios por debajo del convenio sectorial, que no amparamos ni compartimos.
Para eliminar este efecto no deseado y no hacer desaparecer de nuestro ordenamiento una figura clave como es la subcontratación, desde la CEG nos sumamos a la propuesta de CEOE y Cepyme de que las condiciones salariales y de jornada de las personas trabajadoras se regulen en estos casos a través de la negociación colectiva sectorial, legitimando al convenio de empresa a regular las cuestiones que conciernen a su organización interna.
