La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha reunido a su Comisión de Infraestructuras y a su Comisión Mar Industria, contado con la presencia de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue.
El encuentro da continuidad al seguimiento de las infraestructuras estratégicas para Galicia y propuestas empresariales en las materias que son competencia de la consellería, clave para el desarrollo de Galicia.
Desde la CEG consideran fundamental la coordinación entre las diferentes administraciones competentes en el desarrollo de las infraestructuras y la planificación de la movilidad necesaria para nuestro tejido productivo, ha explicado el presidente del empresariado gallego.
Desde la Comisión de Infraestructuras de la CEG han insistido, una vez más, en que es inaplazable el pleno despliegue del Corredor Atlántico de Mercancías, apostar por la intermodalidad y concluir la interconexión de los principales puertos de Galicia con el ferrocarril de mercancías y en particular la salida norte Ferrol Coruña Lugo Monforte, “que con pequeñas adaptaciones (electrificación, estaciones de 750 m, entre otras) podría dar servicio a las empresas del norte de Galicia” y en el sur se insiste en la salida hacia Portugal, incidiendo en “la necesidad de contar con un proyecto concreto tanto en la parte española como en la portuguesa” y con un compromiso claro por parte de ambos gobiernos. Además, se ha puesto de manifiesto de nuevo la necesidad de la conexión directa del AVE entre Vigo Ourense.
Además se repasaron las necesidades de mantenimiento de las infraestructuras viarias, especialmente en los accesos, desde la meseta y la particular situación de la entrada de Vigo, a través de Puxeiros, “que sigue sin contar una solución adecuada a la dimensión de la ciudad y su área metropolitana. Es uno de los peores acceso a una ciudad de estas características en España”.
Recuerdan que es imprescindible arbitrar las medidas necesarias para conseguir la transferencia de la AP-9 y con ello eliminar el peaje. Y advierten que “la situación periférica de Galicia, la dependencia de las comunicaciones por carretera, la falta de alternativas de muchas de las autovías para las que se ha valorado la incorporación de peajes debería tenerse en cuenta. La incorporación de nuevos peajes condicionaría aún más la competitividad de nuestro territorio, ya de por sí, penalizado”.
Añaden que es necesario construir en Galicia aparcamientos cerrados y vigilados para los vehículos de transporte de mercancías, cuando menos uno en cada una de las zonas más importantes de actividad industrial y comercial; así como facilitar la distribución de mercancías en los entornos urbanos. "En este momento las normas son muy diferentes en cada ayuntamiento y no es sencillo gestionar dicho reparto".
VIVIENDA
Con el objetivo de conseguir un marco normativo que permita una mayor oferta de vivienda y que sea asequible, desde la CEG apoyan las propuestas de promotores y constructores “para conseguir un urbanismo mucho más ágil, seguro y claro, sin perjuicio de la seguridad jurídica”.
Inciden en que “es necesario facilitar a los operadores la identificación de suelos y su transformación y ejecución en plazos razonables que permita acceder a la vivienda a quienes lo necesitan”.
También hablan de facilitar la rehabilitación, regeneración y renovación urbana: “la actual Ley del Suelo puede condenar a determinados barrios y zonas urbanas a que no se intervenga sobre ellas; de agilizar los plazos de concesión de licencias, haciendo uso del silencio administrativo o de las entidades de certificación de conformidad municipal”.
Abordaron el concepto de solar, “es una necesidad distinguir, con la mayor precisión posible los requisitos para la categorización del suelo urbano entre SUC y SUNC, dadas las muy importantes consecuencias que tiene la adscripción de un terreno a una u otra categoría de suelo urbano”.
Desde la Comisión de Infraestructuras de la CEG piden “seguir trabajando en las normas de habitabilidad de viviendas: claridad, simplificación y concepción más dinámica de los usos en función de las necesidades”.
En cuanto a la vivienda protegida se hizo especial referencia a “revisar el papel del registro de demandantes de vivienda y de vivienda en alquiler y agilizar el proceso de selección y adjudicación de viviendas” y se abordó la preocupación ante los impagos y el riesgo de pérdida de inversiones.
Finalmente, también consideran que “debe revisarse la carga fiscal que supone el proceso de promoción y construcción de una vivienda y en particular respecto al Impuesto de AJD, que puede llegar a pagarse cinco o más veces".
ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE LA COSTA Y ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR MAR INDUSTRIA
Desde la Comisión Mar Industria han detallado que “la práctica totalidad de nuestro tejido se ubica precisamente dentro de los cien metros de la servidumbre de protección. Esa ubicación les viene impuesta para poder operar de una manera racional y ambientalmente sostenible en términos operativos”, señalan.
En este sentido, hablan de racionalidad y no solo de viabilidad económica de las empresas, “en la medida en que las únicas alternativas posibles a la ubicación en los cien metros resultan inoperativas, además de ambientalmente insostenibles: inoperativas porque obligaría, o bien a perforar el subsuelo de los municipios costeros en suelo urbano -imposible-, o a trasladarnos a polígonos industriales, lo que es inviable para la mayoría de nuestros subsectores por múltiples razones, entre las que destaca la imposibilidad de abastecer con agua de la traída ni a una ínfima fracción de nuestras empresas”.
En ese contexto, es una demanda crucial “que se activen los mecanismos necesarios para proceder a la adaptación de la Ley del Suelo con el objetivo final de adaptarla a las necesidades jurídicas y operativas de las empresas del sector y a dotar de seguridad jurídica las instalaciones existentes y permitir su actualización”.
