Tras la aprobación ayer por el Consejo de Ministros del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19, la CEG pone el acento en la necesidad, más imperiosa que nunca, de dotar de flexibilidad a los ERTE para sincronizarlos con la recuperación gradual de la actividad y dotar de liquidez a las personas trabajadoras afectadas por los mismos. De otra forma, habrá sido en balde todo el esfuerzo llevado a cabo para preservar el empleo y muchas empresas y autónomos se verán abocados a desaparecer.
Pese a valorar como positivo el plan en el sentido de permitir el tan necesario movimiento de la economía para volver a coger ritmo, está fuera de toda duda que es necesario completarlo con medidas complementarias que lo doten de claridad y concreción.
Para ello, más que nunca, es fundamental contar con la participación activa de las empresas y sus organizaciones representativas en la definición de las condiciones y procedimientos de este proceso de desescalada, que garanticen por un lado la salud y por otro la necesaria seguridad jurídica y viabilidad de los procesos productivos y de prestación de servicios.
Por último, la CEG considera que la provincia no es la unidad geopolítica adecuada para desarrollar cualquier plan de desescalada porque está superada por la operatividad de las comunidades autónomas.
