La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha participado en una reunión con el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit.
En dicha cita, los presentes han intercambiado opiniones sobre economía social, retención de talento y el nuevo escenario al que se enfrenta el empresariado gallego, español y europeo, haciendo hincapié, desde la CEG, en la necesidad de retener talento y de cubrir la demanda de puestos vacantes.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha comentado que “corren tiempos difíciles en lo económico. Las empresas, empresarias, empresarios y los trabajadores y trabajadoras estamos en un constante proceso de adaptación. Hay temas en el candelero imprescindibles como la retención del talento. El actual es un escenario en el que Galicia tiene potenciales que hay que estudiar y explotar al máximo. Instituciones, entidades, administraciones y el sector público y privado debemos cooperar para ser proactivos. Debemos generar conocimiento y transmitirlo, a través del diálogo social, es la única forma de alcanzar los estándares europeos y de que todas las regiones de la UE transmitan aquellos métodos y claves más importantes en este proceso evolutivo de la economía, la empresa y el mundo laboral. El paradigma ha cambiado, es un hecho”.
En esta cita, se abordaron distintas cuestiones, como la despoblación. “Para combatir el envejecimiento, la despoblación de las provincias interiores y del rural, en Galicia necesitamos medidas que apoyen decididamente las iniciativas locales, como ya están adoptando desde hace tiempo en el caso de las Highlands de Escocia y apostando con mayor intensidad por iniciativas como LEADER”.
Vieites ha trasladado a Schmit que en Galicia preocupa especialmente la falta de mano de obra. “Es alarmante la situación en varios sectores como la construcción, el transporte; el metal, la automoción y el naval incluidos, la pesca extractiva, el comercio o la hostelería y ámbitos como las tecnologías de la información y las telecomunicaciones –TIC-). Ya se rebasan las 15.000 vacantes tanto en empleos que exigen una formación científica, tecnológica, de ingeniería, matemática vinculados en muchos casos al cambio digital y a la transición ecológica, pero también con trabajos que exigen una menor cualificación y ocupaciones y oficios tradicionales en los que no hay relevo generacional. Necesitamos políticas incentivadoras que informen y motiven a nuestros jóvenes de dónde están los sectores empresariales estratégicos, los nichos de empleo. Necesitamos también formación que aporte un valor añadido y estén en correspondencia con las necesidades de las empresas”.
España está aún lejos de lograr que el 80% de la población tenga, al menos, competencias digitales básicas para 2030.
En relación con la implementación del pilar europeo de derechos sociales, desde la CEG consideran y así lo han trasladado al comisario que “España y particularmente Galicia, está cumpliendo y avanzando de manera decidida para mejorar la vida de los ciudadanos y en particular sus derechos. En relación con el capítulo de igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo contamos con una normativa estatal y autonómica, acompañada de políticas adecuadas que van avanzando y evolucionando día a día nuestra realidad. En este momento está en tramitación una nueva ley autonómica en materia de igualdad. En relación con el capítulo de condiciones de trabajo justas partíamos de una situación de base positiva y que se ha evolucionado durante estos últimos años, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico las disposiciones europeas. Cabe destacar el avance en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Y finalmente, en cuanto al apartado de protección e inclusión social contamos con un sistema público solvente, pero que tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades para garantizar su sostenibilidad”, ha detallado.
Sin embargo, el presidente de los empresarios gallegos ha advertido que “no debemos ser conformistas. Es necesario seguir avanzando y perfeccionando dicho pilar europeo de derechos sociales, pero sin perder de vista la necesidad de contar con un modelo productivo que sostenga todo el sistema. Es necesario incidir en el acercamiento de la educación/formación a las necesidades empresariales para lo cual habrá que revisar la regulación de la formación profesional, permitiendo mayor flexibilidad e integración en la empresa y con mecanismos que permitan a las empresas, especialmente las pequeñas y micropymes, no quedarse fuera”.
Por último, en cuanto al impacto de los fondos de la UE en la consecución de políticas de empleo y sociales más eficaces, desde la Confederación de Empresarios de Galicia señalan que han participado con los demás interlocutores sociales desde los primeros programas operativos que se diseñaron y ejecutaron en Galicia con ejes y medidas cofinanciados por Europa, en su planificación y especialmente en su seguimiento, a través de los comités creados al efecto.
Por ello, aseguran que “conocemos de primera mano la importancia que la financiación europea ha tenido y sigue teniendo para la Cohesión Económica y Social de Galicia con el resto de la Unión Europea. Durante muchos años perseguimos el alcanzar el 75% del PIB de la UE y converger con los países más desarrollados del continente. Con ayuda de los fondos hemos dado pasos importantes hacia dicha convergencia. Si bien es verdad que la ampliación hacia el este de principios de siglo, ha cambiado radicalmente nuestra posición, no es menos cierto que nuestro país se ha transformado notablemente con ayuda de dichos fondos”.
En todo caso, ha apuntillado que “aun recibiendo menos financiación que en los primeros años de adhesión a las comunidades europeas en virtud de la Política Regional y la Política de Cohesión, seguimos recibiendo una ingente cantidad de recursos, que complementan nuestros fondos propios. Europa nos ha ayudado económicamente, pero también nos ha ayudado a ordenar de modo coordinado con los demás países europeos nuestra planificación y a alinear objetivos comunes, a través de planes y presupuestos plurianuales, desde la época del presidente de la Comisión Europea Jacques Delors. El Pilar Europeo de Derechos Sociales es desde 2017 una hoja de ruta en el ámbito social para todos los estados Miembros y que ha sido atendida con el apoyo financiero de la Unión Europea”.
