El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; Roberto Alonso, secretario general de Anfaco-Cecopesca; Roberto Fariña y Juan Maneiro, presidente y secretario de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (AGADE), respectivamente; Rita González, secretaria de la Federación Galega de Cofradías; y Torcuato Teixeira, asesor jurídico de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, mantuvieron esta mañana una reunión con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y los diputados nacionalistas Néstor Rego y Montse Prado en el inicio de una ronda de contactos parlamentarios que pretende buscar el apoyo a las reivindicaciones de un “sector estratégico de la economía gallega” como es el complejo mar-industria, en línea con garantizar el mantenimiento de la actividad del mismo y evitar el cierre y desplazamiento de empresas que necesariamente tienen que estar cerca del mar y que “están totalmente integradas en el medio ambiente para desarrollar una actividad sostenible”.
Según los representantes del sector, “con el cambio normativo que introduce el Real Decreto 668/2022 del pasado 1 de agosto -y que modifica el Reglamento General de Costas- se pierde seguridad jurídica y se gana mayor capacidad de discrecionalidad de la Administración para la toma de decisiones, suponiendo una importante incerteza y ausencia de seguridad jurídica tanto para particulares como para empresas”.
Es por ello por lo que consideran “imprescindible la elaboración de una nueva Ley de Costas o una modificación sustancial de la actual, socialmente consensuada, a través de la cual se reformule cómo queremos actuar sobre nuestra costa desde un enfoque de gestión territorial integrada, fijando unos objetivos que preserven los valores naturales allí donde se requiera pero que también preserven los valores sociales, económicos y culturales ”.
Además, los representantes de la cadena mar industria gallega abogan por una transferencia de las competencias que permitan la ordenación y gestión del dominio público marítimo—terrestre al Gobierno autonómico, ya que la costa gallega requiere una regulación específica que tenga en cuenta su singularidad.
