La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) reclama un marco fiscal claro, transparente y competitivo que por un lado ofrezca a las empresas la seguridad jurídica que éstas necesitan, evitando situaciones que pongan en riesgo la viabilidad e incluso la supervivencia de las mismas; y por otro que garantice no solo la estabilidad y desarrollo de planes a largo plazo de las compañías gallegas y que evite la deslocalización hacia regiones o países con una fiscalidad más beneficiosa, sino también atrayendo inversores y emprendedores que identifiquen a la comunidad autónoma como un lugar en el que puedan poner en marcha sus proyectos con la mayor rapidez y con un régimen fiscal atractivo tanto para la empresa como para sus promotores y también sus trabajadores.
Simplificación y armonización
Además, la patronal gallega considera necesario apostar por un sistema fiscal mucho más simplificado y armonizado a nivel nacional a fin de salvaguardar la libre competencia y la unidad de mercado, modificando e incluso eliminando del sistema tributario español alguno de los impuestos que afectan directamente a la continuidad de muchas empresas, como son el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre el Patrimonio.
Así, en lo que se refiere al primero de los tributos, los incentivos fiscales a la transmisión en la empresa familiar (que suponen más del 90% de nuestro tejido empresarial) en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones requieren despejar cuanto antes su correcta interpretación y aplicación, tanto en relación con los requisitos que dan derecho a dicho incentivo como respecto a la cuantificación de los mismos.
En este sentido es necesario dotar de seguridad jurídica a la empresa y permitir el pleno aprovechamiento de la bonificación contemplada por la normativa actual que en muchos casos constituye una condición imprescindible para su supervivencia y reducir así la elevada conflictividad existente que ha dado lugar en los últimos tiempos a un ingente trabajo por parte del Tribunal Económico Administrativo de Galicia que ha estimado 8 de cada 10 recursos planteados por el contribuyente.
Por lo que respecta al Impuesto de Patrimonio, España es el único país de la Unión Europea que lo mantiene como tal, desincentivando, en su configuración actual, la inversión en empresas productivas y pudiendo exigir al contribuyente más de lo que el propio patrimonio es capaz de generar. Así las cosas, la Confederación de Empresarios de Galicia considera necesario replantearse el modelo a nivel estatal y desde luego y con independencia de ello, Galicia debe seguir el ejemplo de otras comunidades como Madrid, donde la cuota cuenta ya con una bonificación del 100%.
Fiscalidad 2021
Por último, la organización empresarial gallega manifiesta su desacuerdo con la “solución” que han adoptado las distintas administraciones para revertir la situación del importante incremento de la deuda pública derivado del intento de aminorar los efectos de la crisis provocada por la Covid-19 como son las modificaciones impositivas que han acompañado a los Presupuestos Generales para 2021 y que implican una subida considerable de la presión fiscal que se ejercerá sobre los contribuyentes en general y sobre las empresas en particular y que no ayudará a dinamizar la economía.
En este momento y dada la actual coyuntura, consideramos mucho más efectivo reducir la presión fiscal como han hecho países de nuestro entorno, facilitando la regeneración de la actividad económica y preservando así la capacidad de recuperación e inversión de las compañías.
