La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se ha reunido con el candidato de Vox a la Xunta de Galicia, Álvaro Díaz Mella.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites ha recordado que “la actividad económica, el desarrollo de proyectos y en general el proyecto de país no debería verse condicionado en ningún caso por un cambio de gobierno. Ni en la comunidad autónoma ni a nivel estatal. Los empresarios necesitamos estabilidad política. Estamos abiertos al diálogo permanente. Y necesitamos de un marco de relaciones laborales estable y racional”.
Durante la reunión han destacado la importancia del diálogo social y de los interlocutores económicos y sociales. “Debemos poner en valor el Diálogo Social como sistema para el avance económico y social de Galicia, puesto que emergerá como piedra angular para el progreso de nuestra región, un progreso derivado de un diálogo efectivo entre el sector empresarial, el gobierno y los trabajadores La colaboración constructiva se presenta como un catalizador para la implementación de políticas que beneficien a todas las partes involucradas”.
Desde la CEG han puesto también en el foco en la unidad de mercado en España: “Un marco jurídico que permita operar en cualquier parte del territorio, que facilite la operación de empresas y que no discrimine o establezca barreras a la libre circulación y libre prestación de servicios. Todo ello implicará que los productos y mercancías puedan circular sin restricciones en todo el Estado, eliminando obstáculos que puedan surgir debido a regulaciones o normativas específicas en diferentes regiones. Significa que las empresas puedan ofrecer sus servicios en cualquier parte de España sin enfrentar barreras legales que limiten su actividad, promoviendo así la competencia y la eficiencia económica”.
El empresariado gallego busca un marco legal que "elimine cualquier tipo de discriminación entre regiones, asegurando igualdad de condiciones para operar y competir en todo el país. Un entorno empresarial unificado en España, donde las empresas puedan operar sin restricciones geográficas, fomentando la competencia y el desarrollo económico. Así como una financiación autonómica racional y justa, que no discrimine a unos territorios respecto a otros”.
Así mismo, en cuanto a la crucial importancia de apostar por la transformación industrial de Galicia, la CEG señala al incremento del PIB industrial, promoviendo condiciones que atraigan a los inversores y emprendedores y buscando un equilibrio entre factores económicos, sociales y fiscales para estimular el crecimiento y la inversión.
Vieites subraya que “la disponibilidad de suelo industrial adecuado se presenta como un factor clave. La planificación estratégica para facilitar áreas industriales bien ubicadas y equipadas fomenta el establecimiento de nuevas empresas y la expansión de las existentes. La estabilidad política y social de Galicia es otro elemento clave para generar confianza entre los inversores. Además, la agilidad en los procesos de tramitación y la simplificación burocrática son fundamentales para facilitar la puesta en marcha de proyectos industriales. Y debemos aprovechar y poner en valor los recursos energéticos de Galicia, que permitan la instalación de proyectos industriales y el acceso a una energía a precios competitivos”.
En la cita, Vieites ha comentado con Díaz Mella el tema de los estímulos fiscales. La propuesta empresarial es “reducir la carga fiscal para las empresas, que nos permita competir en mejor posición en Europa y que nos permita y anime a invertir en España. Es necesario reducir el gravamen sobre el relevo generacional, sobre el consumo de bienes de primera necesidad y sobre el coste para la empresa de cada puesto de trabajo (en impuestos y cotizaciones). También hablan de avanzar en el diseño de un sistema fiscal más simplificado y armonizado, que ofrezca un marco fiscal claro y transparente que aporte mayor seguridad jurídica a nuestras empresas y que permita atraer inversiones, talento e iniciativas emprendedoras a nuestra comunidad”.
Como medidas añaden el alivio de la presión fiscal que padecen los hogares y las empresas actuando tanto sobre impuestos directos (IRPF e Impuesto sobre sociedades) como indirectos sobre algunos productos (IVA). En concreto la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y mayores facilidades para el pago y aplazamiento de deudas tributarias.
