La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) afirma que la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que ha respaldado unánimemente la Ley del Litoral de Galicia, rechazando el recurso presentado por el Gobierno central, “marca un cambio respecto a la suspensión parcial previa de la legislación. Esta decisión fortalece la autonomía de Galicia en la gestión costera, indicando un equilibrio entre poderes estatales y regionales”.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, afirma que “es importante para la seguridad jurídica y para que Galicia pueda gestionarse como ya hacen otras comunidades autónomas con estatutos de autonomía idénticos o muy parecidos”.
Desde la CEG y desde su Comisión Mar-Industria venían reclamando hace tiempo “una solución de consenso y entendimiento entre el Gobierno y la Xunta de Galicia. Es muy necesaria una regulación propia, sin perjuicio de revisar y actualizar la normativa estatal, que equilibre la protección de la naturaleza con la actividad empresarial e industrial que se desarrolla en el litoral, que debe ser preservada y reforzada, siempre en términos de sostenibilidad. Es necesario un marco que de seguridad jurídica y protección a los establecimientos ya existentes y a los de nueva creación”.
Sobre la paralización de las concesiones en el litoral y de los sistemas de depuración de aguas afirman que “ponía en riesgo a viabilidad de numerosas edificaciones y empresas que operan en la costa, y perjudicaba directamente a millón y medio de gallegas y gallegos que viven en nuestra costa”.
Argumentan que es importante recordar que la LOXILGA se puso en marcha para poner fin a situaciones incomprensibles que generaban inseguridad jurídica a las empresas. “Es una ley que persigue la gestión sostenible, en el ambiental y en el socioeconómico, de la costa de Galicia promulgada desde donde mejor se conoce, Galicia”.
Vieites señala que “los reglamentos y regulaciones deben amparar a las empresas ya preexistentes antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013 y favorecer también la implantación de nuevas compañías de la cadena mar industria alimentaria en el dominio público marítimo terrestre”.
La publicación del nuevo Reglamento General de Costas en agosto del 2022 “supuso un incremento del grado de preocupación de las empresas que necesariamente deben desarrollar su actividad en la ribera del mar, al ver seriamente comprometida su continuidad en el dominio público marítimo-terrestre y constatar cómo el nuevo Reglamento de Costas incrementa todavía más los niveles de inseguridad jurídica a la que se veían sometidas con la legislación anterior, ahora modificada”.
Recuerda que hay instalaciones que para desarrollarse en condiciones aceptables de rentabilidad deben ubicarse en la franja costera. El traslado de estas actividades a localizaciones fuera de la línea de costa derivaría en muchos casos en su inviabilidad y en consecuencia, abocaría a empresas a su desaparición; además de poner de manifiesto que el beneficio medioambiental que se pretende por un lado se podría perder por otro si se obliga al traslado de productos del mar por carretera.
Piensan que “el objetivo del Ministerio de Transición Ecológica es el de la “renaturalización” de toda la costa española teniendo en cuenta “exclusivamente los aspectos medioambientales y obviando los sociales, económicos y culturales, así como los costes socioeconómicos que tal estrategia conllevaría”.
“No podemos obviar las singularidades de la costa gallega, que ocupa 1.700 kilómetros, su importancia para el sector industrial y en definitiva para el conjunto de la economía de Galicia. Siempre instamos al Gobierno a que se establezca una mesa de análisis y negociación con los sectores afectados, para que la regulación ponga en equilibrio la protección y conservación del medio natural gallego y el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma y por tanto de sus sectores productivos, especialmente ante cualquier iniciativa o reforma legislativa o reglamentaria, como la del reglamento de la Ley de Costas”, subraya Vieites.
El empresariado gallego considera ambos objetivos viables y compatibles, y el diálogo con todas las partes implicadas como el medio para alcanzar un marco que preserve el interés general de Galicia en el que se integran.
Desde la Comisión Mar-Industria advierten que “no se pueden adoptar decisiones que condicionen la supervivencia de las empresas o generen incertidumbre en un momento económico como el actual, promoviendo el cierre o la deslocalización de las empresas. Los empresarios de Galicia y en particular los de este sector han sido pioneros en adoptar medidas y estrategias en favor de la sostenibilidad y de la preservación del medio en el que desarrollan sus actividades”.
Así es que la Confederación de Empresarios de Galicia entienden que las líneas de actuación deberían dirigirse a la modernización, consolidación y fortalecimiento del sector, aprovechando los recursos que durante los próximos años pondrá a disposición la Unión Europea -minimizando con las inversiones el impacto sobre el medio y optimizando la rentabilidad económica y social-, en forma de creación de empleo y dinamización de aquellas comarcas de Galicia con una fuerte dependencia de la industria establecida en su litoral.
