Tal y como ya se había manifestado en abril del año pasado, la Confederación de Empresarios de Galicia reitera su rechazo a la modificación del Reglamento de la Ley de Costas así como a la interpretación de la propia Ley aplicada en las últimas resoluciones administrativas, por su preocupante impacto económico para Galicia, dado que afectaría a alrededor de 100 empresas, 1.100 parques de cultivo y casi 5.000 edificios que se encuentran en el marco de protección marina.
La contundente reducción de los periodos de concesión para el funcionamiento de las industrias en la línea de costa–en un principio se hablaba de un máximo de 75 años, prórrogas incluidas, pero ahora ya se plantean concesiones con un tope de 30, de 15 o de 3 años en el peor de los casos-, así como el propósito de dejar libre la costa de todas aquellas actividades industriales que no necesiten estar en la ribera del mar para desarrollarse, son dos de los puntos que más preocupan a la patronal gallega.
De este modo, la limitación de los tiempos de explotación deriva en un escaso margen para invertir en la modernización o ampliación de las propias instalaciones, así como para el establecimiento de nuevas industrias, escenario en el que va implícito la más que probable imposibilidad de recibir créditos de las entidades bancarias.
En relación al segundo de los puntos tratados, la CEG recuerda que hay instalaciones que para desarrollarse en condiciones aceptables de rentabilidad deben ubicarse en la franja costera. El traslado de estas actividades a localizaciones fuera de la línea de costa derivarían en muchos casos en su inviabilidad y en consecuencia, abocarían a empresas a su desaparición; además de poner de manifiesto que el beneficio medioambiental que se pretende por un lado se podría perder por otro si se obliga al traslado de productos del mar por carretera.
Singularidades de la costa gallega
La CEG considera que se están obviando las singularidades de la costa gallega -que ocupa 1.700 kilómetros-, su importancia para el sector industrial y en definitiva para el conjunto de la economía de Galicia, e insta al Gobierno a que se establezca una mesa de análisis y negociación con los sectores afectados, para que la regulación ponga en equilibrio la protección y conservación del medio natural gallego y el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma y por tanto de sus sectores productivos.
La patronal gallega considera ambos objetivos viables y compatibles, y el diálogo con todas las partes implicadas como el medio para alcanzar un marco que preserve el interés general de Galicia en el que se integran.
