Comunicado de prensa
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 publicado hoy en el BOE, recoge, en el apartado uno de la disposición adicional sexta, que “Con carácter excepcional y extraordinario, debido al impacto económico de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en el ejercicio 2020, podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo definidas en el artículo 265 del Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o para financiar programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo”.
Así es que la norma recoge la posibilidad de que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores cuyo sistema se regula en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo finalidades más amplias que la mera formación profesional para el empleo y produciéndose de esta manera una desafectación de la cuota de formación profesional a la financiación del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo.
Pues bien, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se muestra en desacuerdo con esta medida -que supondría la pérdida para Galicia de 100 millones de euros para fondos de políticas activas-, ya que este capital resulta imprescindible para la reactivación de la economía y para fomentar la empleabilidad de las personas trabajadoras máxime en un momento de depresión económica y social como al que ya estamos asistiendo.
La implementación de las medidas de lucha contra el coronavirus está requiriendo un inmenso esfuerzo presupuestario para el Estado Español y está fuera de toda duda que la cobertura de las prestaciones y subsidios de protección por desempleo debe ocupar una de las máximas prioridades del Gobierno en estos momentos en los que tantos empresarios y trabajadores lo están pasando muy mal. Ahora bien, esta situación no debe afectar a medidas que con toda seguridad serán más necesarias que nunca para reactivar nuestra economía. Así que utilizar los fondos de políticas activas de empleo para financiar subsidios no parece en absoluto razonable.
La caída esperada del PIB, la destrucción de tejido empresarial y las altas cifras de personas desempleadas son el escenario post-virus que nos espera, y sobre el cual debemos trabajar para atenuar sus efectos sobre la población gallega, los fondos para el empleo y para la formación son, si cabe, más necesarios que nunca. Es por ello por lo que no compartimos que se hipotequen a sabiendas de que son una herramienta fundamental para tratar la crisis que sabemos vamos a tener que afrontar.
Finalmente, consideramos que esta decisión conlleva el abandono de políticas activas que desde nuestra comunidad autónoma se venían haciendo - y que han demostrado un alto grado de eficacia-, y sustraen a los trabajadores y a las empresas su derecho a la formación para un futuro cada vez más incierto.
