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La Comisión Mar-Industria de la CEG reclama medidas que promuevan la recuperación del consumo de productos del mar y un marco jurídico estable para la ordenación del litoral

La Comisión Mar-Industria de la CEG reclama medidas que promuevan la recuperación del consumo de productos del mar y un marco jurídico estable para la ordenación del litoral

La Comisión Mar Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha recibido al Conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.

La Comisión le ha trasladado la preocupación del sector por la caída del consumo de pescado. Además de la necesidad de eliminación/reducción del IVA que grava el consumo de los productos del mar; así como la coordinación de campañas de promoción entre Xunta de Galicia y empresas del sector, dirigidas a promocionar el consumo de estos productos. 

Durante la reunión se ha abordado también la problemática de la contaminación en las rías y se ha puesto de manifiesto la necesidad de un saneamiento integral para que estén en pleno funcionamiento. 

Por otro lado, se ha hablado de la importancia de la correcta identificación y distinción de las importaciones de productos extranjeros. “Desde la Comisión Mar-Industria de la CEG reconocemos como buena la existencia de competencia, pero el consumidor debe conocer de dónde procede el producto que compra. Lo mismo sucede con los productos vegetales que contienen referencias a productos del mar”.

El sector mar industria se ha mostrado preocupado por la afectación del cambio climático y por su impacto en el medio. “Pedimos que haya equipos de investigación a nivel regional y nacional dedicándose a estudiar estos cambios, ¿por qué se ha perdido hasta el 50 % de la producción de mejillón en algunos casos? Es necesario saber qué está pasando en nuestras rías”. La temperatura del agua está alcanzando niveles anómalos (22,5 º C en la Ría de Arousa en junio de 2023).

Desde la comisión especializada de la CEG señalan la necesidad de hacer un esfuerzo en inversión: “las instalaciones portuarias están obsoletas en determinadas áreas de Galicia. Pedimos comunicación entre la Consellería do Mar y Portos de Galicia”. 

El empresariado gallego insiste en la excesiva burocracia. “Aquejamos procesos demasiado largos para aquellas empresas dispuestas a llevar a cabo proyectos de inversión necesarios para Galicia y para sus industrias”. Han reiterado la petición de un PERTE que aplique al sector mar-industria.

También han apuntado a una regulación de la Agenda 2030/2050 incompatible con la continuidad de la producción en Europa, sin embargo, hablan de que sí podrá proveer Asia, con regulaciones más laxas, en relación con la contaminación, etc.

Por otro lado, han abordado el problema de relevo generacional. “La edad media de ocupación es alta y se trata de un sector en el que la edad de jubilación es menor. Se pone sobre la mesa el riesgo que corre el futuro del sector y de Galicia. Debe haber una concienciación social, para que las personas conozcan el sector primario y lo que hay detrás de él, resulta sumamente necesario para que lo valoren y quieran participar e invertir en él”. 

Se ha incidido en la preocupación por “una deriva medioambientalista de la Comisión Europea. Debemos recordar que la sostenibilidad también debe ser económica y social. Existe la necesidad de proceder a la difusión de informes del impacto socioeconómico sobre el sector”.

Así mismo, han tratado el desarrollo de la eólica marina. Existe un interés por intercambiar conocimiento con la gente del mar, que conoce muy bien el territorio y buscar sinergias desde los comienzos.

Finalmente, se ha abordado, una vez más, la necesidad de contar con seguridad jurídica y con un marco que permita a Galicia gestionarse como ya hacen otras comunidades autónomas con estatutos de autonomía idénticos o muy parecidos. “Es necesario zanjar cuanto antes la inseguridad jurídica en la que nos encontramos: en particular, superar la situación de la Ley de Ordenación y Gestión del Litoral, recurrida por el Gobierno de España”. Para ello solicitan una solución de consenso y entendimiento entre Madrid y la Xunta de Galicia. 
 

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