La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) rechaza con contundencia el establecimiento de un mecanismo de pago por el uso de la red estatal de alta capacidad (autovías y autopistas) a partir del año 2024, pero que también contempla la posible extensión de ese peaje a todas las carreteras de gran capacidad del país, tanto nacionales como regionales, tal y como consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Ejecutivo a Bruselas.
La CEG considera que la imposición de esta medida puede derivar en el desvío de tráfico a vías convencionales de peor estado con el consiguiente riesgo de incremento en el número de accidentes de tráfico y la consiguiente pérdida de tiempo tanto para los usuarios particulares como para los transportistas, que contribuye a perjudicar todavía más la competitividad de las empresas gallegas, dañando la ya maltrecha economía e implicando el posible cierre de algunas de las mismas.
Además, hay que tener en cuenta el déficit en infraestructuras que sufren determinadas zonas de la comunidad autónoma, desde la cuales solo es posible desplazarse a través de autovías; y la falta en muchos casos de un sistema de transporte público adecuado y alternativo al desplazamiento en medios particulares.
Partiendo de la base de que España detenta una fiscalidad más gravosa que en Europa y que nos encontramos en medio de una recesión provocada por la crisis del Covid-19, consideramos que subir los impuestos –del tipo que sea-, supondría un lastre para la recuperación y la creación de empleo.
La prioridad para consolidar las finanzas públicas pasa en estos momentos por la lucha contra la economía sumergida y la mejora de la eficiencia del gasto público.
