El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha mantenido una reunión con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez, en la que ha presentado las principales preocupaciones de los empresarios en las materias competencia de dicha consellería.
INFRAESTRUCTURAS
Juan Manuel Vieites ha hecho un repaso de las principales infraestructuras pendientes en Galicia, tanto las que son competencia de la propia Xunta de Galicia, como aquellas competencia del Estado, pero “sobre las que todos debemos hacer seguimiento y exigir su finalización o su ejecución, según el caso”.
Así mismo, durante el encuentro ha afirmado que “contar con un sistema de infraestructuras adecuado en Galicia, es una condición fundamental para la competitividad de nuestras empresas y para el desarrollo económico y social de nuestro territorio”.
Así se ha referido el presidente de la CEG a la llegada del tren a Galicia por alta velocidad en tiempos razonables a las principales ciudades de la comunidad, de la salida sur de Vigo y la conexión con Portugal, infraestructura que cuenta con el compromiso del gobierno de Portugal, Vigo-Oporto, pero que no tiene el mismo apoyo por parte del gobierno español, tal y como se ha plasmado a finales del mes de octubre con motivo de la Cumbre España Portugal.
“Necesitamos el compromiso del Gobierno español para que en Vigo y Porto estén a 60 minutos y Vigo y Lisboa a 120 minutos en el año 2030. Es imprescindible cerrar definitivamente la conexión de las principales ciudades de Galicia con la meseta por Alta Velocidad y conseguir por fin la conexión en tiempos razonables: es decir, en el entorno de las 3 horas”.
También ha señalado que “es inaplazable el pleno despliegue del Corredor Atlántico de Mercancías para contribuir a la cohesión territorial de los territorios del noroeste con el resto de España y con la UE; posicionar al noroeste como un territorio competitivo, capaz de atraer inversión y talento; y combatir la despoblación a través de una red de infraestructuras dignas”.
Para ello, dicen que “debemos seguir presionando y apostando por el desarrollo del Corredor Atlántico de Mercancías, incorporando tanto la conexión por Vigo-Ourense-Monforte como la de A Coruña-Lugo-Monforte (esta última haciendo las adaptaciones necesarias en la vía, entre otras su electrificación)”.
Durante la reunión, también se han abordado la situación de la línea de ancho métrico Ferrol – Ribadeo o la situación del Plan Director del Corredor Atlántico, “del que desconocemos aun su contenido completo y en el que es imprescindible contar con los empresarios y sus organizaciones tanto para el diseño como para la implementación y seguimiento a través de una mesa específica”.
Se abordaron también las conexiones ferroviarias dentro de Galicia para fomentar el desarrollo económico y la movilidad de la población. “Es necesario analizar diferentes alternativas para implantar servicios de cercanías en las diferentes áreas metropolitanas de Galicia, que es la quinta comunidad autónoma con mayor población de España, pero no cuenta ni con ningún tipo de cercanías ferroviarias”.
Analizaron las infraestructuras viarias, “que juegan y jugarán un papel esencial por la configuración de nuestro territorio”. Así faltan determinadas infraestructuras como la conexión por autovía entre Lugo y Ourense, que son las únicas capitales de provincia de España contiguas que no están conectadas por autovía, o las Autovías A76 Ponferrada-Ourense y A72 Monforte - Chantada y la conexión entre ambas y con la futura A56.
Pero además de las infraestructuras pendientes, es capital establecer un plan de mantenimiento y mejora de las autovías de las Rías Baixas y del noroeste e incidir en la agilización de la reconstrucción del viaducto de O Castro.
“Es preciso, dada la situación geográfica de Galicia y su dependencia (en especial para las mercancías) del transporte por carretera, que las vías de conexión con el resto del estado se encuentren en condiciones adecuadas”.
Durante la reunión trataron también la necesidad de que la AP9 sea gratuita, como vía fundamental que vertebra sin alternativas a la mayoría de la población de la comunidad autónoma.
“Galicia es en este momento la comunidad autónoma con más kilómetros de carretera sujetas ya el peaje y la incorporación de nuevos peajes condicionaría aún más la competitividad de nuestro territorio…” afirmó Vieites, en relación con la incorporación de peajes a las autovías.
VIVIENDA
Durante la reunión, abordaron también las medidas necesarias para incrementar la oferta de vivienda y que dicha vivienda sea asequible.
Vieites ha valorado positivamente la incorporación de ciertas medidas en el proyecto de Ley de Medidas de Acompañamiento ahora en tramitación pero afirmó de que “es necesario seguir profundizando y adoptando medidas que dinamicen el mercado en este sector”.
Medidas como la simplificación del planeamiento y de los procedimientos, eliminación de duplicidades, medidas que faciliten la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, la agilización de los plazos de concesión de licencias y la clarificación del marco normativo vigente contribuirían a ello.
En relación con este último aspecto, se refirió a la necesidad de revisar y clarificar conceptos como el de solar o el de edificabilidad. “Es una necesidad distinguir, con precisión posible, los requisitos para la categorización del suelo urbano entre SUC y SUNC, dadas las muy importantes consecuencias que tiene la adscripción de un terreno a una u otra categoría de suelo urbano”.
Añade que deben establecerse las determinaciones para que se cumplan la totalidad de los requisitos de urbanización necesarios para la edificación de una unidad de suelo urbano, de tal forma que el núcleo no quede incompleto o no resuelto o la parcela carezca de los servicios necesarios para su consideración de solar.
Para los supuestos en los que la unidad de suelo clasificada como suelo urbano consolidado tenga una porción afectada por un vial de nueva creación, se proponen medidas para garantizar que la parcela pueda adquirir la condición de solar sin esperar a la ejecución del planeamiento de desarrollo.
Los servicios urbanos existentes deberán estar dimensionados, sin que quepa imputar a las personas propietarias deberes de desarrollo o redimensionamiento de los servicios que correspondan a las entidades titulares de las infraestructuras o gestoras de los servicios.
También se analizaron aspectos referidos a las condiciones de la vivienda protegida y a la fiscalidad de los procesos de promoción y construcción, que deben ser revisados y simplificados.
TRANSPORTE POR CARRETERA
En relación con el transporte por carretera, el presidente del empresariado gallego incidió en la reivindicación del sector de “construir en Galicia aparcamientos cerrados y vigilados para los vehículos de transporte de mercancías, en cada una de las zonas más importantes de actividad industrial y comercial. Son infraestructuras que, requieren mucha superficie de aparcamiento (300 o 400 camiones) en las inmediaciones de una vía de alta capacidad por lo que, si no se incorporan a una planificación o actuación diseñada a tal fin, resulta difícil encontrarles ubicación”.
Teniendo en consideración la competencia de la consellería en materia de redacción de propuestas de normativa e instrucciones técnicas y administrativas para las carreteras de titularidad autonómica, provincial y municipal, se planteó la necesidad de facilitar la distribución de mercancías con los vehículos adecuados a cada caso, dando prioridad a los de mayor capacidad cuando sea posible, al ser los más eficientes.
ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE LA COSTA
Bajo el marco regulatorio urbanístico y de la costa vigente, las actividades productivas que conllevan la transformación de los productos pesqueros y de la acuicultura están totalmente excluidas en suelo rústico de especial protección.
Las empresas procesadoras trabajan con ingentes volúmenes de agua del mar, que debe ser captada y renovada a diario directamente de las rías con tubos soterrados. La práctica totalidad de nuestro tejido mar alimentario se ubica precisamente dentro de los cien metros de la servidumbre de protección.
Esa ubicación lo más cercana posible es imprescindible para poder operar de una manera racional y ambientalmente sostenible ya que las únicas alternativas posibles serían la de trabajar con agua dulce o llevar los establecimientos al interior, ambas resultan inoperativas además de ambientalmente insostenibles.
Por ello, se ha trasladado la necesidad de “adaptar la Ley del Suelo, y en su caso en los desarrollos reglamentarios de la misma y los instrumentos de ordenación y gestión urbanísticos, a fin de adaptar la normativa a las necesidades jurídicas y operativas de la mayor parte de los sectores integrantes de la cadena mar-industria alimentaria”.
