La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) manifiesta su “profunda preocupación” por la actual inseguridad jurídica para el desarrollo de parques empresariales y proyectos industriales en Galicia, “ante la revisión de las autorizaciones en sede judicial, que pone en cuestión el trabajo de la administración y en particular la correcta evaluación ambiental y de impacto sobre el medio”.
La estimación de diversos recursos presentados contra la concesión por parte de la Xunta de Galicia de la autorización de parques eólicos ha dado lugar, detallan desde la CEG, a que proyectos aprobados por la administración sean posteriormente rechazados o desautorizados, con los correspondientes perjuicios para los promotores y su entorno: empresas, trabajadores, ayuntamientos, propietarios, etc.
“Todo ello hace que planee entre nuestras empresas y promotores la sombra de la inseguridad jurídica que puede llegar a ser paralizante para cualquier inversor: Después de muchos meses esperando por la preceptiva licencia y una vez concedida, podemos volver a la casilla de salida. La pregunta es ¿quién va a pagar los perjuicios generados a promotores y empresas, que ven como sus proyectos aprobados son objeto de revisión y deben cesar en su ejecución. Los empresarios necesitamos un marco jurídico claro y estable”, subraya el presidente de la CEG.
Juan Manuel Vieites manifiesta que “estamos muy preocupados por las consecuencias que puede tener de cara al futuro la revisión de la aplicación sistemática de la normativa estatal o autonómica relativa a las autorizaciones de proyectos energéticos o industriales, entre otros, más si cabe a la revisión al detalle de procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se han desarrollado previamente por la administración, durante largos meses”.
A este respecto, el presidente de los empresarios gallegos advierte que “las paralizaciones no son gratuitas. Detrás de cada proyecto hay muchas empresas que sufren importantes costes cada vez que se adopta una decisión de paralización. Galicia está en un momento clave para modificar su modelo económico e industrial y los proyectos eólicos son parte fundamental de la necesaria transición energética, que debe hacernos más competitivos”.
Algunas organizaciones ya anunciaron a principios de junio que iniciarán acciones legales contra decenas de proyectos autorizados.
Los tiempos de tramitación y de autorización de las instalaciones y de sus obras siempre han sido “un escollo importante que ha retrasado y frustrado muchos proyectos. Hace unos meses las administraciones hicieron un gran esfuerzo por agilizar su trabajo y nos consta que lo han hecho sin variar un ápice el rigor del mismo”, señala el presidente de la CEG.
