La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha organizado un almuerzo-coloquio con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; los miembros del consejo asesor y organizaciones integradas en la CEG; además del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; entre otras personalidades y representantes del mundo empresarial gallego. El evento ha contado con el patrocinio de Abanca y la participación de su consejero delegado, Francisco Botas.
Juan Manuel Vieites ha explicado que “los empresarios de Galicia y de España, liderados por la CEG y por la CEOE, hemos pedido al PP de Alberto Núñez Feijóo compromisos sólidos que generen estabilidad económica y reformas orientadas a fortalecer el sector privado”.
Sus principales reclamos incluyen políticas que fomenten la competitividad, la reducción de la carga impositiva y mayor flexibilidad laboral. Detalla que CEOE agrupan más de dos millones de empresas y autónomos en toda España, que buscan “un entorno económico menos burocrático, que facilite el crecimiento empresarial, especialmente en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre económica global”.
La CEG destaca la importancia de que el gobierno del PP priorice la economía regional y el apoyo a las pymes, que representan la mayoría del tejido empresarial gallego.
“Hemos instado a Feijóo y al PP a comprometerse con nuestras demandas empresariales, particularmente en temas de sostenibilidad fiscal y previsibilidad regulatoria. Esperamos que el PP, con su enfoque en políticas de mercado y desarrollo económico, responda a estas solicitudes para fortalecer la confianza del sector privado en el Gobierno y garantizar un entorno más favorable para el crecimiento económico sostenido en España y Galicia”, subraya.
Vieites dice que creen “que las diferentes entidades implicadas en el gobierno de Galicia deben apostar definitivamente y sin condiciones por la plena igualdad de trato de nuestra región en el ámbito estatal. Es necesario que Galicia pueda desplegar sus competencias en un plano de igualdad con el resto de comunidades autónomas, donde se garantice un tratamiento justo e igualitario en el sistema de financiación autonómico, en el acceso a los fondos europeos y en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la vertebración de Galicia con la Península Ibérica y con Europa”.
Para el asentamiento de cualquier iniciativa empresarial detallan que hay que trabajar: la aceptación e integración en el territorio de establecimientos productivos, que además requiere de paz social y de apoyo institucional. “El impulso a la industria debe ser un proyecto de país en el que se impliquen todos los agentes sociales y por ello necesita comunicación, diálogo, participación y consenso. La falta de estos elementos, tal y como estamos viviendo, lleva al bloqueo, la paralización y la pérdida de oportunidades”.
Inciden en que hay que seguir trabajando en la simplificación de la tramitación para la concesión de licencias a instalaciones y actividades; impedir retrasos en las inversiones y hacer frente al alto riesgo de deslocalización debido a la prolongación de los trámites; incidir en sistemas de evaluación de la tramitación administrativa; dotar de suelo industrial suficiente a un precio y calidades en parámetros idóneos; y contemplar políticas fiscales atractivas, facilidades en el acceso a la financiación y mecanismos de ayuda que funcionen, “escuchando al sector empresarial para conocer su realidad y sacar el máximo rendimiento a los fondos disponibles”.
INCERTIDUMBRE – SECTOR EÓLICO
“Contamos con alrededor de 60 proyectos de parques eólicos paralizados. La incertidumbre a la que se enfrenta el sector eólico en Galicia genera desconfianza y provoca que las inversiones se estén desviando hacia otras regiones que han desbancado a nuestra comunidad de su posición de líder. Este hecho pone en peligro el desarrollo de otros proyectos clave para la generación de empleo y riqueza, daña a toda la cadena industrial del metal y la industria gallega en general, y pone en riesgo la transición energética y la descarbonización”, lamenta Vieites.
Añade que debemos reducir la dependencia energética de terceros y garantizar el suministro. “Los retrasos y bloqueos en las tramitaciones en ocasiones derivan en autorizaciones en cascada que la industria auxiliar no tiene capacidad material ni humana para ejecutar. Es fundamental agilizar trámites y ajustar plazos que pueden prolongarse una década en condiciones normales, ello favorecerá la atracción de inversiones y la reindustrialización de Galicia”.
Concluye que “el bloqueo derivado de interpretaciones y modificaciones de criterio vulnera la seguridad de las inversiones y lastra la competitividad. Los esfuerzos inversores requieren de regulación sólida, clara y estable”.
INFRAESTRUCTURAS
Sobre la eliminación de peajes en las autovías de Madrid, Ávila y Segovia, Vieites advierte que “la supresión de peajes en estas rutas clave beneficiará principalmente a las empresas con rutas comerciales en el centro peninsular, facilitando la movilidad y reduciendo costes de transporte en esas áreas. Sin embargo, es una medida limitada, ya que no se extiende a las regiones del noroeste, lo que deja a Galicia en una situación desfavorable si sus conexiones viarias no reciben inversiones similares”.
Así desde la CEG consideran que “el Ministerio debería buscar un enfoque más equitativo en la distribución de recursos y mejoras en infraestructura. Sin apoyo en infraestructuras viales comparables en Galicia, como la optimización de la AP-9 y otras rutas esenciales, esta política podría aumentar las desigualdades logísticas dentro de España, afectando la competitividad gallega en el contexto nacional y europeo”.
Con respecto al AVE, Vieites califica la situación como “totalmente inadmisible. Los recursos públicos se deben emplear en luchar contra las disparidades y cohesionar territorios”. El enlace ferroviario Vigo-Oporto es vital para potenciar el desarrollo económico y la integración transfronteriza del noroeste de la Península Ibérica. “No se puede seguir perpetuando el desequilibrio existente en las inversiones y oportunidades de desarrollo de nuestra región. Con el pretexto de ‘disponer de una oferta de transporte rápida, cómoda y sostenible entre las capitales de ambos países’, hoy nos despertamos con el titular publicado en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: España se compromete durante la Cumbre con Portugal a impulsar la alta velocidad entre Madrid y Lisboa para 2030”.
Por ello, incide en que “es imperativo darle la relevancia y la urgencia necesarias a la construcción de este nexo vital para el desarrollo económico y social de ambos territorios. Esta falta de alineación de Pedro Sánchez y el Gobierno de España perjudica tanto a los viajeros como a los empresarios y a los trabajadores, ya que limita las oportunidades de movilidad eficiente y retrasa los beneficios económicos derivados de un mejor acceso a mercados extranjeros”.
Además, sostiene que “España debe estar a la altura y corresponder el compromiso ya suscrito por Portugal de que Vigo y Porto estén conectados por Alta Velocidad en 2032”.
Desde la CEG existe preocupación por el retraso en la infraestructura de transporte ferroviario entre España y Portugal. “Este tipo de conexiones son esenciales para facilitar el comercio transfronterizo, atraer inversiones y mejorar la competitividad de las empresas gallegas. El retraso en la creación de una conexión ferroviaria de alta velocidad supone un perjuicio directo para las empresas gallegas, que pierden oportunidades de negocio y competitividad frente a otros países con infraestructuras mejor desarrolladas”, dicen.
