La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) señala “la necesidad de reorientar los contenidos de las distintas mesas firmantes de los ‘Acuerdos para avanzar hacia una Galicia más igualitaria y sostenible’, ante las nuevas circunstancias y transiciones (energética, digital…) para impulsar nuevas medidas en la coyuntura actual”.
Especialmente, hablan de “remarcar el carácter prevalente del diálogo social y fortalecerlo y reorientarlo para la articulación de medidas (intersectoriales y para los distintos sectores afectados) que resuelvan las problemáticas de personas trabajadoras y empresas y para la evaluación de impacto y resultados y modificación de las mismas o proposición de nuevas medidas”.
Así pues, sugieren medidas de políticas activas de empleo y formativas que apoyen las estrategias empresariales para el cambio ecológico, digital y tecnológico y el reto que supone desde la perspectiva de la formación de las personas trabajadoras, pero también de las personas empresarias y directivas.
También advierten que hay que atajar el reto de las vacantes. Para ello proponen:
- Promover una inversión mayor, más eficiente e inclusiva en la formación y la mejora de profesionales.
- Reforzar la adecuación de las capacidades mediante una estrecha cooperación con los interlocutores sociales, los servicios de empleo, las empresas y los proveedores de educación y formación.
- Asesorar a las personas sobre las necesidades del mercado laboral. Al mismo tiempo informar a las personas jóvenes y aquellas en situación de desempleo, a través de los diferentes medios existentes, acerca de donde están los sectores empresariales estratégicos, los nichos de empleo, etc., con el objetivo de orientarles hacia esos sectores y ocupaciones.
- Captar el talento de personas de terceros países con las capacidades que necesitamos, en particular reforzando las oportunidades de aprendizaje y la movilidad, y facilitando el reconocimiento de las cualificaciones.
A esto añaden la necesidad de ajustar los planes de formación actuales a la realidad de las empresas, y establecer mecanismos que aproximen la demanda y la oferta de empleo.
En este sentido, inciden en permitir la implantación de programas de formación: flexibles y adaptables a las necesidades empresariales, y a la diversidad de realidades presentes en las empresas de Galicia, con acciones no regladas, convenios con empresas...
Así como agilizar los procesos de gestión de la formación, simplificando la normativa existente y la promoción de una “estrategia global de cualificación” que coordine todas las políticas, iniciativas e instrumentos de formación que se están desarrollando en cada momento desde los distintos ámbitos relacionados con la gestión del talento, contando con la participación y el protagonismo de los interlocutores sociales en su gobernanza.
En cuanto al absentismo recomiendan impulsar un debate en el que todas las partes implicadas reflexionen sobre la situación; así como establecer procedimientos y ámbitos de análisis de la ITCC; fijar líneas de actuación que reduzcan el número de procesos de ITCC y su duración; el aprovechamiento de los recursos de las Mutuas para reducir listas de espera en el Sistema Público de Salud; y desarrollar convenios con las Mutuas para la realización de pruebas, diagnósticos, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en los procesos de ITCC de origen traumatológico
En el ámbito del comercio recuerdan que en su conjunto representa la actividad principal del tejido empresarial gallego. Es por eso que subrayan la necesidad de profundizar en las medidas de apoyo al sector para competir, para paliar la crisis de consumo y para potenciar con campañas y programas colectivos de ámbito provincial y/o autonómico la implantación de la tecnificación del sector.
Con respecto a la emigración puntualizan que “se considera necesario profundizar en medidas que faciliten la incorporación de personas retornadas en sectores con necesidad de cobertura de vacantes, incluyendo medidas de formación adaptadas a las necesidades de los sectores productivos. Y aprovechar el cambio normativo que ha introducido la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales basada en la formación (arraigo para la formación) para articular programas integrales de integración de inmigrantes con la finalidad de su inserción en el mercado de trabajo y cobertura de vacantes”.
