“La Confederación de Empresarios de Galicia entiende como una apuesta imprescindible de futuro la reindustrialización de Galicia, modernizando la industria existente y apostando por la promoción de nuevas industrias que permitan abordar todo el ciclo productivo, y en todo caso sin renunciar a liderar aquellas fases de mayor valor añadido”. Esta es la idea base de la que partió Juan Manuel Vieites, presidente de la patronal gallega, para trasladarle esta mañana al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, las demandas al Ejecutivo por parte del empresariado gallego.
“Por supuestos no podemos olvidar que estamos inmersos en una crisis sin precedentes de la que hay que salir lo mayor parados posibles para lo cual hay que poner en marcha y mantener o ampliar ciertas medidas que permitan aminorar la destrucción del tejido productivo gallego a la máxima expresión” continuó.
Juan Manuel Vieites mantuvo su primera reunión, en formato online, con Javier Losada desde que fuera elegido presidente de la CEG el pasado día 21 de enero, y le presentó, al igual que hizo ayer en el encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia, un documento con las propuestas del empresariado gallego para la recuperación económica de la comunidad autónoma.
Atracción de proyectos e inversiones a Galicia
La iniciativa privada necesita seguridad jurídica, bajos niveles de burocracia, paz social, incentivos y apoyos no solamente fiscales, económicos y financieros, sino también de carácter institucional y de aceptación e integración en el territorio de los establecimientos productivos e inversiones como fuente de riqueza, que serán elementos clave que condicionen la apuesta de operadores y la atracción de los proyectos potencialmente más valiosos para Galicia.
En este sentido, la patronal gallega demanda al Gobierno de España el máximo compromiso en la defensa de unas tarifas eléctricas a precios que hagan viable la competitividad en el mercado tanto a nivel estatal como europeo, puesto que el precio de la energía no puede ser un factor diferencial en la competitividad empresarial a nivel europeo.
Cuestiones sectoriales y empresariales
Dentro del sector de la construcción, la organización empresarial solicita el máximo esfuerzo inversor en obra pública por parte de la Administración General del Estado, como uno de los motores del sector y de la economía española.
En el ámbito del naval, como sector estratégico para Galicia, la CEG demanda al Gobierno español el máximo apoyo para conseguir carga de trabajo y contratos para los astilleros de Navantia-Ferrol.
Además, la organización empresarial gallega propone la inversión en un plan de desarrollo para el campo que ponga en valor el potencial de Galicia, promoviendo la profesionalización y dimensionamiento de las explotaciones y apueste por producciones sostenibles y de calidad y por el establecimiento de industrias transformadoras, vinculadas a un modelo de innovación constante que acerque cada vez mayor valor añadido a los productos y materias primas de la región.
Por su parte el sector pesquero necesita una protección especial, teniendo en cuenta la reducción de la flota durante los últimos años o el impacto del Brexit, entre otros factores. La defensa de los intereses de la flota ante la Unión Europea deben de contar con el apoyo decidido del Estado y con la posibilidad de defensa directa de los intereses de Galicia en Europa.
Asimismo, la comunidad autónoma tiene que poner en valor sus recursos naturales y culturales, especialmente de cara a este Año Santo, que ser prolongará hasta el 2022, apostando por la potenciación de las zonas por las que discurren los diferentes caminos de Santiago. En consecuencia, la Confederación de Empresarios de Galicia demanda del Gobierno de España el máximo apoyo y compromiso con la promoción del Xacobeo a nivel nacional e internacional, así como la articulación de medidas de apoyo a los establecimientos turísticos, comercio y hostelería.
Numerosas industrias en Galicia que necesariamente desarrollan su actividad a la orilla del mar están en la actualidad en una situación incierta, considerando la Ley del Cambio Climátivo y Transición Energética, en tramitación, que modificaría la Ley de Costas y que podría obligar al cierre de numerosas instalaciones y a la pérdida de miles de empleos. En este sentido, la patronal gallega solicita al Gobierno de España y a los grupos políticos que lo integran, la consideración de la voz mayoritaria en Galicia, a favor de la seguridad jurídica y la estabilidad para un sector de referencia en la comunidad gallega, vinculado al mar, seriamente amenazado por la medida y que puede suponer la deslocalización de la actividad.
En otro orden de cosas, la situación de ALCOA hace necesario trabajar en un plan de reconversión industrial para A Mariña, en la regeneración ambiental de la instalación, en la puesta en valor del Puerto de San Cibrao y en la necesidad de que Lugo cuente con una autoridad portuaria.
Voz internacional
Galicia debe participar activamente en la defensa de sus intereses no solo a nivel estatal, sino también a nivel de la Unión Europea, a través de los canales establecidos, bien de forma directa, ante las instituciones comunitarias, bien de forma indirecta a través de los mecanismos de cooperación del Estado.
Así es que la CEG propone al Ejecutivo una mayor participación de la comunidad autónoma en los asuntos que le afectan directamente y una mayor cooperación con la administración central por parte de las organizaciones empresariales en el seguimiento de las políticas comunitarias.
BREXIT
La patronal gallega solicita además al Gobierno de España que faciliten un seguimiento constante y cercano de las negociaciones, para las que consulte y se tenga en cuenta la opinión y participación de las empresas de cada sector; un plan de apoyo específico para la pesca y demás sectores afectados por el Brexit.
Fondos europeos
La Unión Europea aprobó en un plazo de apenas cuatro meses la puesta a disposición de los Estados miembros del mayor volumen de recursos de su historia. Entre el Marco Financiero Plurianual para 2021-2027 y el Plan Europeo de recuperación supondrán alrededor de 2 billones de euros.
En consecuencia, en la configuración de los Fondos, la CEG solicita que se tengan en cuenta las particularidades de Galicia y sus necesidades específicas a la hora de definir los criterios de reparto de recursos.
La comunidad autónoma perderá en torno al 40% de los recursos disponibles con cargo a los Fondos Estructurales, una vez que desaparece la red de seguridad transitoria disponible en el período 2014-2020. Así es que solicitamos al Gobierno de España que compense esta caída de recursos teniendo en cuenta que el Estado en su conjunto mantendrá con un ligero incremento el volumen de Fondos del período de programación anterior.
Por otro lado, la comunidad autónoma recibirá apenas el 4,4% del total de los adjudicado a España por la Ayuda para la recuperación de la cohesión y los territorios de Europa (REACT EU), como consecuencia de aplicar a nivel estatal los mismos criterios que se aplicaron a nivel europeo para el reparto entre Estados miembros, criterio que perjudica seriamente a Galicia. Desde la CEG se solicita que se tenga en cuenta también esta circunstancia y se habiliten mecanismos para compensar a la comunidad autónoma en un momento tan crítico como el actual.
Normativa comunitaria sobre ayudas del Estado
Igualmente es necesario aprovechar el marco regulatorio europeo de ayudas de Estado de forma más favorable para las empresas beneficiarias, a favor de su competitividad con los demás operadores de la UE.
En este momento, en el que comenzará un nuevo período plurianual de programación finaciera de la UE, la patronal gallega demanda a la Administración General del Estado un análisis exhaustivo del marco normativo europeo para aprovechar al máximo las posibilidades de financiación a las empresas, modificando si es necesario la normativa estatal, sin perjuicio de las garantías y principios que la presiden.
Flexibilización de los ERTE
Finalmente, el documento también recoge peticiones para el Ejecutivo en lo que respecta a la herramienta que ha permitido proteger el empleo desde que comenzara la crisis del COVID-19 y que son: considerar suficiente una reducción de ingresos del 50% en la facturación para poder recibir la prestación por cese de actividad y en los ERTE por causas económicas (comparando el mes de incidencia, no el anterior); establecer como imprescindible que las empresas puedan solicitar ERTEs totales o parciales o continuar con los que ya tienen concedidos hasta que la demanda se recupere –debiendo haber por lo tanto mayor flexibilidad temporal y legal-; estipular que todas las empresas afectadas por limitaciones de aforo, cierres temporales por cuarentena o cualquier restricción debe poder acogerse a ERTEs con exención de cotizaciones; e igualmente que se flexibilicen las condiciones exigidas para los ERTEs de fuerza mayor en cuanto al mantenimiento de empleo en los seis meses siguientes.
