La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) insta al Gobierno a tomar medidas urgentes para evitar el colapso de las empresas que contraten con las administraciones públicas, situación que pondría en jaque la ejecución de los Fondos Europeos y la recuperación económica y el empleo.
Desde mediados de 2021 -y motivado por las consecuencias de la pandemia agravadas por la invasión de Ucrania-, las compañías gallegas han venido soportando una coyuntura de escasez de materias primas y materiales y de escalada de precios extraordinaria que les ha condicionado la ejecución y el coste de las obras y servicios contratados con las administraciones, generándoles por ello una elevada inseguridad a la hora de presentar ofertas y suscribir los respectivos contratos.
La contratación pública supone un porcentaje muy importante del PIB gallego y está llamada a ser una de las claves de la recuperación. Así, durante los próximos años será muy importante el número de contratos a ejecutar, teniendo en cuenta los recursos e inversiones previstas cofinanciadas en gran parte por los Fondos de la Unión Europea. De ahí que la propia Comisión Europea, consciente de ello, haya recomendado que no se penalice a las empresas por el incumplimiento de los plazos y que los Estados miembros encuentren soluciones ante esta escalada de precios y escasez de demanda.
Contratos públicos
La falta de estabilidad y las subidas observadas en los precios requería medidas urgentes que contribuyesen a equilibrar los contratos y que permitiesen su cumplimiento. En este sentido, el pasado mes de marzo, se publicó el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, modificado por el Real Decreto-ley 6/2022, que incorpora medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras del Sector Público Estatal.
Pero las medidas recogidas en esas normas adolecen de un carácter ciertamente limitado que, de no ampliarse, no darán una salida real y suficiente a la situación.
Así es que la organización empresarial gallega propone las siguientes actuaciones para su corrección:
-Incorporar el coste de la energía -que puede suponer alrededor del 30% de los costes en algunas obras-, y resulta básica para materiales como el cemento, el acero, el betún, el ladrillo o los materiales cerámicos. Lo mismo ocurre con los hidrocarburos en el uso de la maquinaria empleada por la industria constructiva.
-Ampliar los materiales recogidos en el Real Decreto-ley -ahora mismo limitado a los siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre-, dejando fuera otros muchos que tienen una incidencia de suma importancia en muchas obras y cuyo precio está siendo inasumible (plásticos, madera, cerámico…, etc).
-Aclarar si la mencionada norma se aplica a las obras de duración inferior a un año, ya que, en caso de no ser así, se dejarían fuera la mayoría de los contratos del tejido productivo gallego.
-Ampliar la revisión para otro tipo de contratos públicos, como los de servicios y que están sufriendo la escalada de precios al igual que los contratos de obra pública y que no estarían amparados por la norma.
Así las cosas, la Confederación de Empresarios de Galicia apremia al Ejecutivo a que adopte las medidas oportunas para el establecimiento de un sistema que permita considerar las variaciones que puedan poner en riesgo la ejecución de cualquier contrato público -con independencia de su naturaleza o de la administración responsable del mismo-; que tenga en cuenta el precio de todos los factores que influyen en la configuración de los costes; y que no deje fuera insumos tan importantes como la energía o los combustibles.
Dar cumplimiento a la premisa anterior pasa, según la organización empresarial gallega, por la modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, recuperando el sistema de cláusulas de revisión de precios con carácter general; y por la derogación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía.
