La Confederación de Empresarios de Galicia señala que las “ocurrencias” del Gobierno del Estado “no solo complican administrativamente el día a día de las empresas, sino que provocarán un deterioro de las condiciones de los trabajadores”. Así mismo, califica de “imposiciones unilaterales” todas estas decisiones “tomadas a hurtadillas, sin contar con los más afectados por medidas: los empresarios y empresarias. Ni siquiera han calculado las consecuencias económicas para los sectores productivos, en un momento ya bastante delicado”.
Y es que la modificación del Estatuto de los Trabajadores, que otorga prevalencia a los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, tiene varias implicaciones para el empresariado. Juan Manuel Vieites cita, por ejemplo, “el incremento en la complejidad administrativa. Las empresas que operan en múltiples comunidades autónomas deberán gestionar diferentes convenios, lo que puede aumentar y complicar la gestión de los mismos y, sobre todo, los costes asociados al cumplimiento normativo”.
El presidente de la CEG advierte que “las negociaciones colectivas descentralizadas requieren más recursos y esfuerzos de negociación por parte de las empresas. La reciente frustración de la reforma del RDL 7/2023, que buscaba implementar esta prevalencia, indica la complejidad y la controversia que rodea esta modificación en el ámbito laboral español”.
Tal y como ya se han pronunciado desde CEOE y CEPYME al respecto, desde la CEG también recuerdan que “son cambios que ya no se incluyeron en la última reforma laboral que pactamos en el marco del Diálogo Social tripartito y que adoptamos como hito necesario para poder seguir recibiendo los fondos europeos previstos”.
Por lo tanto, el presidente del empresariado gallego se suma al “rechazo absoluto a esta aprobación, a hurtadillas, sin contar con todos los agentes implicados, despreciando una y otra vez al Diálogo Social y a los sectores productivos, a las empresas que generan riqueza, que contribuyen al Producto Interior de España”.
Por otro lado, lamenta que esta práctica ya es de sobra conocida por el empresariado, a la vista de las últimas noticias. “Este Gobierno repite de forma constante la misma dinámica y es que el subsidio por desempleo tampoco se ha llegado a pactar con los empresarios y empresarias de este país”.
La exclusión de los agentes del diálogo social en la toma de decisiones tiene varias percepciones y consecuencias en diferentes niveles, ya que, dice Vieites, “genera desconfianza y descontento. La sociedad española percibe esta exclusión como una falta de transparencia y de legitimidad en el proceso de toma de decisiones, lo que genera desconfianza hacia las instituciones y descontento entre los trabajadores y ciudadanos. La falta de participación de los agentes sociales está incrementando la polarización y el conflicto social, ya que no nos sentimos representados en decisiones que afectan directa y duramente a nuestras vidas cotidianas”.
Desde la CEG manifiestan que “las empresas gallegas percibimos una mayor incertidumbre y riesgo en el entorno laboral y normativo, ya que decisiones unilaterales pueden resultar en normativas menos consensuadas y más susceptibles a cambios y disputas legales. La exclusión de los trabajadores y de sus representantes afecta negativamente la moral de los empleados y, en consecuencia, la productividad y eficiencia de las empresas”.
Por último, subraya que “a nivel internacional, la falta de diálogo social es vista como una señal de debilidad en la gobernanza democrática y en el respeto por los derechos laborales, afectando la imagen del país en foros internacionales y con potenciales inversores. La exclusión puede ser vista como un incumplimiento de las normativas y estándares internacionales de trabajo, lo que podría traer sanciones o pérdida de apoyo de organismos internacionales. No contar con los agentes del diálogo social erosiona la confianza y cooperación necesarias para un desarrollo sostenible y justo”.
