El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, y la presidenta de la Comisión Mar-Industria de la CEG, Isabel Cañas, han mantenido una reunión con el nuevo representante de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.
Durante la misma, le han informado de la reciente constitución de la Comisión Mar-Industria de la CEG y le han solicitado una reunión, como hicieran con su predecesora en el cargo, Rosa Quintana, para poder trasladarle de primera mano y analizar los problemas del sector pesquero, “esperando su máximo compromiso y disponibilidad para trabajar conjuntamente en los asuntos de mayor relevancia”.
Asimismo, le han pedido que lleve algunas de estas cuestiones tan relevantes sobre el sector pesquero, en defensa de los intereses del mismo en Galicia, a la próxima reunión informal de ministros de Agricultura y Pesca, que se desarrollará en Vigo, a mediados del mes de julio.
Entre otras cuestiones, han detallado la máxima preocupación por la expulsión de unos mil barcos de 16.419 km2 en España, Portugal, Francia e Irlanda, en zonas consideradas como ecosistemas marinos vulnerables, ya que “esta decisión de veto supondrá un impacto perjudicial muy acusado en la industria pesquera gallega. Es imprescindible que se tengan en cuenta los preceptivos informes de impacto socioeconómico que esta medida tendrá”. Por ello, plantean la necesidad de que sean comisarios diferentes los que se encarguen de Pesca y de Medio Ambiente y Océanos.
Por otra parte, la Comisión llama la atención sobre la exclusión del Gobierno de los productos pesqueros como alimentos básicos. Las estimaciones del sector apuntan a que las ventas de sus productos en España se han contraído un 20% en los dos primeros meses de 2023.
Al impacto del IVA se une el nuevo gravamen al plástico de un solo uso, que se ha empezado a aplicar ya en España, a diferencia de otros países que han optado por acogerse a la moratoria que prevé la normativa comunitaria, que solicitan también para que se acoja España.
Con respecto al proyecto de Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia -aprobado por el Parlamento gallego esta misma semana- han insistido en la importancia de contar con esta regulación autonómica para dar seguridad jurídica a las empresas del complejo mar-industria gallego, sin perjuicio de que posteriormente se revise y actualice la normativa estatal para dar plenas garantías de futuro al conjunto del sector.
Sobre la renovación de la flota, aseveran que el sector requerirá un gran esfuerzo de financiación para sustituir la flota por buques con mayor capacidad, nuevo diseño y más eficientes. “Estamos convencidos de que la renovación de la flota contribuiría a incrementar la seguridad y confort, lo que favorecería el relevo generacional y la transmisión del conocimiento, así como la fijación de población local. Para ello, necesitamos que los fondos Next Generation puedan ser utilizados en esta renovación y que no se entienda necesariamente que el aumento de toneladas y volúmenes de nuestros barcos implica aumentar la capacidad pesquera, sino que lo que necesitamos es mejorar las condiciones a bordo”.
Desde la Comisión mar-industria de la CEG proponen: Permitir a los patrones costeros polivalentes consolidado su enrole como tercer patrón en la flota de Gran Sol, sin el aumento de atribuciones. Y ampliar el número de países con acuerdos de reconocimiento de títulos pesqueros, para facilitar la incorporación de titulados extranjeros.
Asimismo, piden que se aborde el proyecto de transición energética de la flota analizando en profundidad las posibilidades reales del uso de combustibles y fuentes de energía neutros en carbono en los buques pesqueros y en todo caso que se garantice una transición que no implique inestabilidad para el sector, sino que se haga de manera paulatina y según las posibilidades reales de transformación sin poner en riesgo la viabilidad de las actividades”, han subrayado.
Señalan como de especial interés el seguimiento de la firma de acuerdos comerciales negociados por la UE en los que se discuta respecto a la liberalización de la pesca. Actualmente el 70 % de los productos pesqueros que se consumen en la Unión Europea proceden del exterior. Ya que, advierten, “esto muestra un desequilibrio en la balanza comercial europea de productos del mar y una dependencia del exterior. Para una competencia justa, es preciso que todos los productos importados cumplan las normas y los criterios alimentarios pertinentes de la UE, incluidos los de la PPC, así como las normas sanitarias, laborales y de seguridad de los buques y establecimiento industriales, las obligaciones en materia de sostenibilidad y medio ambiente. Asimismo, consideramos importante retornar el polo de decisión a la UE, ya que Europa ha perdido peso frente al eje USA-ASIA en este sector”.
