La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se ha reunido con el delegado del Gobierno de España en Galicia, Pedro Blanco, y con la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, para trasladarle los grandes y nuevos retos para 2025 y el firme compromiso del tejido empresarial gallego en pro de seguir trabajando por el crecimiento y la competitividad de la economía de Galicia, “desde la colaboración y el diálogo constante entre empresas y administraciones como premisa base”.
Juan Manuel Vieites ha subrayado que “la competitividad de un territorio está vinculada a la creación de un entorno favorecedor de la actividad empresarial”.
El presidente de la CEG ha señalado que siguen siendo necesarias actuaciones en los diferentes ámbitos que determinan la productividad, como “fomentar la inversión en los activos de carácter duradero que se utilizan en los procesos productivos reduciendo la presión fiscal empresarial y sobre el ahorro; y contar con infraestructuras que faciliten la conectividad entre los agentes productivos, reduciendo costes a las empresas, facilitando el acceso a nuevos mercados y generando economías de escala para mejorar la productividad y la competitividad”.
En este sentido, explica que “la innovación es un factor clave para el incremento de la productividad, el crecimiento y la internacionalización de las empresas. Galicia se encuentra por debajo de la media nacional en el cómputo de empresas innovadoras, un 23,6% de las empresas gallegas son innovadoras”, por lo que se plantean unas propuestas con el fin promover un entorno donde las empresas, administraciones, centros de investigación e instituciones educativas colaboren para acelerar la innovación empresarial.
Por ello habla de la digitalización de las empresas como una de las claves de la modernización y transformación del sistema productivo y una de las palancas de competitividad. “Contar con la participación de las empresas en la identificación de las carencias tecnológicas y de infraestructuras a las que se enfrentan en sus procesos de digitalización, para diseñar acciones que permitan al tejido empresarial, especialmente a las pymes, adaptarse al cambio tecnológico y a los nuevos modelos de negocio, formas de trabajo y canales de distribución vinculados a la digitalización de la sociedad, resulta imprescindible”.
Así también, destaca la promoción del aumento del nivel de formación del capital humano, mediante la planificación de las cualificaciones profesionales, en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo y actuar sobre la capacidad de innovar, a través de medidas que incrementen los proyectos de I+D+i empresariales.
En relación con la oferta y demanda de empleo, advierte que “tenemos un problema acuciante de falta de personas para cubrir los puestos de trabajo: este es un factor que limita nuestra actividad y lastra el desarrollo económico. Tenemos que conseguir incorporar más personas al mercado de trabajo, tanto las de aquí que están por diferentes motivos fuera, parcial o totalmente, como incorporando personas de otros países de manera ágil y ordenada. Esta es una asignatura pendiente en la que el Estado debería actuar”.
Así también añade que “debemos aligerar el coste para la empresa de la contratación por cuenta ajena y flexibilizar las condiciones. La reducción de la jornada y el aumento de los salarios y de los gastos asociados (seguridad social, desempleo, etc.) junto con la rigidez del modelo contractual, nos está llevando a un callejón sin salida: no podemos aplicar la misma fórmula para todos los sectores. Son necesarias medidas adaptadas a cada realidad. De lo contrario, el sistema no será sostenible y muchas empresas no serán viables. Es clave abordar y acordar estas cuestiones en el Diálogo Social y dejar a empresarios y trabajadores que consensuen en los diferentes ámbitos de negociación colectiva las mejores condiciones posibles para ambas partes”.
En cuanto al entorno empresarial habla de revisar la normativa, tanto fiscal como la que regula fusiones y adquisiciones, “para que no penalice el aumento de tamaño de las empresas. Impulsar la internacionalización y facilitar el acceso a planes de financiación alternativos al crédito bancario, derivará en empresas de mayor tamaño, con más capacidad financiera, más potencial para generar economías de escala y, en definitiva, más productivas”.
Del mismo modo, recuerda como básico “fomentar un clima favorable a la actividad empresarial, a través de un marco regulatorio e institucional estable y confiable que atraiga las inversiones necesarias para incrementar los niveles de innovación, productividad y competitividad”.
Entre otros temas, han tocado la gestión del litoral. El presidente de la CEG apunta que “se requiere agilidad en la transferencia de los medios que hagan posible la efectividad de las competencias que ahora asume Galicia; así como mantener un diálogo constructivo entre las administraciones competentes, que permita desarrollar la regulación y coordinar la gestión y tramitación de las acciones sobre el territorio; y, por último, establecer una mesa de análisis y negociación con los sectores y administraciones afectadas, especialmente ante cualquier iniciativa o reforma legislativa o reglamentaria, como la del reglamento de la Ley de Costas”.
Por otra parte, desde la CEG se ha hecho hincapié en que “el impulso a la industria debe ser un proyecto de país en el que se impliquen todos los agentes sociales y por ello necesita comunicación, diálogo, participación y consenso. La falta de estos elementos, tal y como estamos viviendo, lleva al bloqueo, la paralización y la pérdida de oportunidades”.
Es preciso impedir retrasos en los proyectos de inversión de las empresas y hacer frente al alto riesgo de deslocalización en aquellas actividades en las que se exigen trámites que se desarrollan de forma muy prolongada en el tiempo. En relación con la seguridad, subraya la importancia de que el marco regulatorio en el que se asiente la tramitación de nuevos proyectos “sea lo suficientemente robusto para no admitir fisuras que conduzcan a situaciones de parálisis que condenan a un sector clave”.
A este respecto, advierte que “la incertidumbre a la que se enfrenta el sector eólico en Galicia genera desconfianza y provoca que las inversiones se estén desviando hacia otras regiones que han desbancado a nuestra comunidad de su posición de líder. Este hecho pone en peligro el desarrollo de otros proyectos clave para la generación de empleo y riqueza, daña a toda la cadena industrial y pone en riesgo la transición energética y la descarbonización”.
En cuanto a infraestructuras, ha insistido en que “es inaplazable el pleno despliegue del Corredor Atlántico de mercancías para contribuir a la cohesión territorial del noroeste con el resto de España y con la UE; posicionarnos como un territorio competitivo, capaz de atraer inversión y talento; configurar al noroeste como nodo de conexión intercontinental; y combatir la despoblación“.
En relación con el transporte ferroviario de viajeros, habla de cerrar definitivamente la conexión de las principales ciudades de Galicia con la meseta por Alta Velocidad y conseguir por fin la conexión en tiempos razonables.
Conseguir que España apueste por la conexión férrea con Portugal desde Galicia es otro de los objetivos primordiales a alcanzar “y en esto necesitamos el compromiso del Gobierno de España”, puntualiza.
Además, dice que es preciso apostar por el mantenimiento de las conexiones viarias con la meseta, que condicionan nuestra actividad económica de modo crítico: “Es necesario contar con mantenimientos programados que garanticen vías de comunicación a la altura”.
Finalmente también se ha referido a la necesidad de arbitrar las medidas necesarias para la transferencia de la AP-9 a Galicia y sobre todo para avanzar hacia la gratuidad de una infraestructura más que amortizada y sin alternativas competitivas para el transporte en la mayoría de su recorrido.
En cuanto a energía eléctrica, “Galicia ocupa el segundo puesto entre las comunidades autónomas en generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y la sexta en potencia renovable instalada, por lo tanto, debemos reducir la dependencia energética de terceros y garantizar el suministro a precios competitivos.
La normativa debe velar por la fijación de procedimientos claros y garantistas con el territorio, que eviten la judicialización sistemática de proyectos y fomenten el desarrollo de las diferentes actividades económicas. El bloqueo derivado de interpretaciones y modificaciones de criterio vulnera la seguridad de las inversiones y lastra la competitividad”, ha insistido.
Fondos europeos
El Marco Financiero Plurianual (MFP) actual (2021-2027) finalizará pronto. Previsiblemente la nueva propuesta, que regirá el periodo 2028-2034, será presentado por la Comisión Europea en el último trimestre de este mismo año 2025.
Desde la CEG proponen participar activamente en la elaboración de este plan “y diseñar y establecer mecanismos que eviten la potencial pérdida de competencias de las regiones que este nuevo mecanismo traería consigo y que distanciaría todavía más la realidad socioeconómica y las necesidades de los territorios de las actuaciones y proyectos que se lleven”.
En todo caso, es necesario acelerar la implementación de los fondos extraordinarios arbitrados por la UE para la transformación del tejido industrial (Next Generation…) “y que no estamos ejecutando adecuadamente. Los recursos no están llegando a los proyectos que deben ser el motor de la industrialización, por diferentes motivos. No podemos permitirnos renunciar a esos recursos y a la oportunidad de transformar nuestro modelo productivo. Estos recursos no volverán”.
