La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) traslada a los partidos políticos con representación en Galicia sus propuestas empresariales ante las elecciones generales. Con este documento, ponen en valor el papel de las empresas gallegas, que, como siempre recalca su presidente, “son la solución y no el problema y constituyen la principal garantía del crecimiento económico de Galicia y, por ende, de España”.
Los empresarios abordan temas jurídicos, política industrial, energía, infraestructuras, sector pesquero, sector público, fiscalidad, fondos europeos, Seguridad Social, Formación Profesional... aportando sus ideas y necesidades, de cara a la conformación del Gobierno que afrontará la siguiente legislatura.
A grandes rasgos, destacan la necesidad de la mejora de la regulación, a través de la simplificación normativa. "Es necesario volver a un sistema de elaboración de normas sosegado, racional y con una participación adecuada de los sectores afectados; avanzar en la reducción de las cargas administrativas y evitar que la nueva legislación añada más cargas que contrarresten otros efectos beneficiosos. Es imprescindible evaluar el impacto económico de cada nueva disposición, tanto para el ámbito público como para el privado".
Como medida esencial se considera que las cotizaciones sociales deberían atender exclusivamente a prestaciones contributivas, imputando el coste de las demás prestaciones a los Presupuestos Generales del Estado. “Se debería trabajar en reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad Social por trabajador y promover un menor coste laboral, mayor competitividad y mayor capacidad de contratación”. Piden incentivos fiscales a la inversión para la creación de empleo y el emprendimiento y la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio. Además, solicitan evitar la creación de nuevos impuestos.
Desde la CEG reivindican la negociación colectiva. “Es importante mantener la vigencia de los acuerdos alcanzados y vigentes en este momento, como garantía de paz social y como marco estable y de seguridad jurídica para los operadores”.
Entre algunas de las cuestiones específicas para Galicia, advierten que se necesita una apuesta firme por la cohesión y vertebración territorial del noroeste de la Península Ibérica, ya que -aseguran- “se encuentra en una situación de partida desfavorable respecto a otros territorios de la UE, lo cual penaliza la competitividad de nuestras empresas en el mercado único europeo y en el mercado mundial”.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, subraya que “es inaplazable el pleno despliegue del Corredor Atlántico de mercancías para contribuir a la cohesión territorial del noroeste con el resto de España y con la UE. Es imprescindible apostar por la intermodalidad y concluir la interconexión de los principales puertos de Galicia con el ferrocarril de mercancías. Por lo tanto, Galicia debe incorporar tanto la conexión por Vigo-Ourense Monforte, como la de A Coruña-Lugo Monforte”.
Enumeran que hay que incorporar el noroeste en el mapa de autopistas ferroviarias diseñadas por el Gobierno de España en relación con la Alta Velocidad, cerrar definitivamente la conexión de las principales ciudades de Galicia con la meseta y conseguir por fin la conexión en tiempos razonables: es decir, en el entorno de las 3 horas.
“Es imprescindible que España apueste por la conexión férrea con Portugal desde Galicia, consiguiendo la vertebración por alta velocidad del Eje Galicia – Porto. Y es preciso apostar por la especialización y coordinación de los aeropuertos de Galicia, facilitando una conexión aérea a la comunidad autónoma en términos competitivos no solo con el resto de España, sino para salir a Europa y al resto del mundo”.
En el ámbito de la energía explican que es prioritaria para Galicia una modificación de la planificación eléctrica 2021-2026 que tenga en cuenta los proyectos estratégicos en desarrollo y un sistema de infraestructuras eléctricas que los soporte. En cuanto a la eólica marina, “estamos ante una tecnología incipiente que precisará de mecanismos de apoyo que le permitan despegar y aprovechar todo su potencial y del establecimiento de un marco regulatorio actualizado, estable y que garantice la compatibilidad de las diferentes actividades económicas y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Es necesario abordar el diseño del mercado eléctrico del futuro con la colaboración de las empresas del sector”.
Detallan que la reforma del mercado debe permitir la convivencia de las diferentes formas de operar en él y la libertad de elección por parte de los inversores, incentivar las inversiones en renovables “y no penalizar ningún vector energético, porque todos son necesarios para el avance de la transición energética. El mercado de la electricidad debe garantizar la seguridad del suministro, apostar por el comercio transfronterizo de energía, limitar el impacto de los altos precios del gas en los consumidores e incentivar la inversión en fuentes renovables”.
Por otro lado, recuerdan que la conexión de Galicia a la red del hidrógeno es prioritaria. En este sentido, instan a la colaboración entre las diferentes administraciones con competencias en materia energética y la agilización en las tramitaciones de proyectos, “dos importantes cuestiones que se hacen imprescindibles para proteger y atraer inversiones, evitar la obsolescencia de las tecnologías y favorecer la mejora competitiva con respecto a otros países”.
Es necesario revisar mecanismos de colaboración público-privada como clave para la ejecución de los distintos proyectos y acercarlos más a las necesidades de los territorios y desarrollar mecanismos que permitan optimizar la articulación de los PERTE estratégicos y de enorme impacto sobre las empresas como el PERTE de descarbonización industrial.
En cuanto al sector pesquero, "es vital la defensa de nuestros intereses ante la Unión Europea, en la que últimamente se han adoptado propuestas y decisiones que suponen grandes perjuicios para nuestras empresas". Reducir el IVA de los productos pesqueros y sus derivados y apostar por la dieta atlántica y la marca Galicia y su promoción. Modificar la Ley de Costas. Pedir prórroga de la moratoria en el pago del impuesto al plástico de un solo uso. Y debatir la posibilidad de financiar la renovación de la flota en la próxima reforma de la PPC.
Hablan de un plan de restructuración de ajuste de la flota y de flexibilizar el concepto de capacidad pesquera, enfocada a más tonelaje y a mejorar la habitabilidad a bordo. Promover el relevo generacional, con proyectos de formación y ampliando el número de países con Acuerdos de Reconocimiento de Títulos Pesqueros.
Realizar un proyecto de transición energética de la flota que analice en profundidad las posibilidades reales del uso de combustibles y fuentes de energía neutros en carbono en los buques pesqueros. Y poner a disposición la financiación necesaria para acometer la transición energética de los buques y su adaptación al uso de nuevas fuentes de energía. Es clave contar con un PERTE específico que pueda apoyar la transformación y modernización del sector.
Por otra parte, hacen un inciso específico sobre el absentismo laboral. “Reducir la duración media y prevalencia de los procesos de IT en nuestras empresas es imprescindible no solo para la mejora de su productividad y competitividad, sino también para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. Es vital aliviar las cuentas de la Seguridad Social, permitiendo igualmente minimizar los costes derivados para las empresas y para el sistema, sin menoscabo de los derechos de los trabajadores”. Recuerdan que el gasto en contingencias comunes podría ser minimizado y controlado si las Mutuas pudieran incrementar su capacidad de actuación en el ámbito de la gestión de las mismas.
Sobre la contratación pública, insisten en que es de vital importancia eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios como se ha demostrado en los últimos años. "El precio de los contratos debe ser suficiente y permitir que, en condiciones como las que hemos pasado, se pueda revisar".
Apuestan por un modelo que reduzca y simplifique el sistema fiscal, tanto en número de tributos como en presión, tanto a ciudadanos como empresas. “Precisamos una bajada para todos, generalizada: Es preciso eliminar impuestos que afectan directamente a la continuidad de muchas empresas, especialmente las empresas familiares, como son el Impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones”.
Vieites vuelve a insistir en que “los empresarios son la fuente primordial de generación de riqueza y empleo, por ello no debemos descuidar la adopción de medidas necesarias para fomentar el emprendimiento. Es necesario promover instrumentos de financiación y garantías adecuadas para proyectos viables; medidas que favorezcan la sucesión de empresas, permitiendo la cotitularidad durante períodos de transición; agilidad y simplificación de la tramitación administrativa necesaria para poner en marcha un negocio: coordinación entre administraciones, procedimientos sencillos y resolución ágil; y formación adecuada y adaptada a quienes quieren emprender”.
Aprovechando la presidencia española de la UE, instan a trabajar en el ámbito comunitario en respuestas adecuadas a la falta de mano de obra, a la capacitación de las personas en edad de trabajar, al reconocimiento de títulos a ciudadanos extracomunitarios; eliminar los permisos y licencias que suponen una traba a la libre circulación y avanzar en la configuración que permita una libre circulación efectiva de productos y servicios digitales.
