La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) valora positivamente la respuesta en firme del Tribunal Constitucional, que, por un lado, ratifica las competencias de Galicia en virtud de su estatuto de Autonomía; y, por otro lado, niega que la nueva regulación y en particular la que afecta a los instrumentos de ordenación del litoral y de los concretos usos que podían realizarse, contravengan las disposiciones de la legislación estatal aprobadas.
Tras la reunión de la Comisión Mar-Industria, el presidente de la CEG ha explicado que la nueva normativa autonómica, preserva el cumplimiento de las exigencias de la normativa estatal. “En consecuencia, debemos entender que la sentencia viene a confirmar que la Ley 4/2023, de 6 de julio, de Ordenación y Gestión integrada del Litoral de Galicia (LOLGA), no supone un menor nivel de garantía o protección para nuestro litoral, sino al contrario: salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación estatal de costas”.
Por ello, instan a hacer valer la LOLGA, “pero sin perder de vista el nuevo Reglamento de Costas y la normativa de cambio climático que impactará directamente sobre el sector”.
Juan Manuel Vieites ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional “fortalece la autonomía de Galicia en la gestión costera, indicando un equilibrio entre poderes estatales y regionales. La sentencia es un paso importantísimo que nos da seguridad jurídica para que Galicia pueda gestionarse, como ya hacen otras comunidades autónomas. Establece un punto de partida ya estable, en el que el máximo garante de la Constitución Española avala el desarrollo y aplicación práctica que el Parlamento de Galicia en el ejercicio de su poder legislativo ha hecho de las competencias de Galicia en materia de ordenación del litoral”.
También ha añadido que “es clave mantener un diálogo constructivo entre las administraciones competentes, que permita desarrollar, en lo que sea preciso, la regulación en el ámbito que corresponda y sobre todo coordinar la gestión y tramitación que precisen las acciones a desarrollar sobre el territorio. Nadie más interesado y comprometido con su preservación y cuidado que la gente del mar y los gallegos que allí viven y trabajan cada día”.
A pesar de la pronta respuesta del Tribunal Constitucional, advierten que “hemos perdido un tiempo muy valioso y es necesario avanzar y mirar hacia delante: El sector mar industria, como el resto de los sectores industriales de Galicia deben acometer, lo están haciendo ya, una importante transformación que no admite demoras y que requiere seguridad jurídica. Galicia no quiere ser más ni menos que nadie y este proceso era evitable, ya que otras comunidades autónomas han podido gestionar su litoral con los mismos mimbres sin ningún tipo de objeción por el gobierno central. En todo caso, es necesario que ahora miremos hacia delante y avancemos”.
Por otro lado, han insistido en que desde la CEG se insta al Gobierno central a que establezca una mesa de análisis y negociación con los sectores afectados, para que la regulación ponga en equilibrio la protección y conservación del medio natural gallego y el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma y por tanto de sus sectores productivos, especialmente ante cualquier iniciativa o reforma legislativa o reglamentaria, como la del reglamento de la Ley de Costas.
El empresariado gallego considera que “ambos objetivos (protección del medio y desarrollo socioeconómico) son viables y compatibles y el diálogo con todas las partes implicadas como el medio para alcanzar un marco que preserve el interés general. Los empresarios de Galicia y en particular los de este sector han sido pioneros en adoptar medidas y estrategias en favor de la sostenibilidad y de la preservación del medio en el que desarrollan sus actividades. Considerar aisladamente aspectos medioambientales y obviar los sociales, económicos y culturales, sería desde nuestro punto de vista un error inédito”.
Por último, añaden que “el trabajo no acaba aquí: hay que hacer efectivas las disposiciones de la norma, que requerirá de su desarrollo y que debe hacerse como la propia norma: con la participación de todos: con diálogo, consenso y sentido común y también con la cooperación del Gobierno central que detenta los medios materiales y personales que ahora deberían ponerse a disposición de Galicia”.
Así mismo, valoran positivamente “el impulso del nuevo gobierno de Galicia para ordenar y normalizar la gestión de nuestro litoral. Por ello respaldan que se soliciten los recursos necesarios al Gobierno central, la normalización de los procedimientos y el registro de concesiones, que darán mayor seguridad jurídica a todos los actores implicados”.
También aplauden “contar con un sistema de coordinación tanto en la propia administración autonómica, ya que numerosos departamentos tienen competencias y funciones con repercusión directa en el litoral y sus gentes, pero también con un ámbito de coordinación y participación de los sectores implicados, con los que el diálogo y la cohesión es ya muy estrecha”.
Rematan diciendo que estarán atentos a la iniciativa del Gobierno del Estado respecto a la modificación o elaboración de un nuevo Reglamento de la Ley de Costas, que, subrayan, “en ningún caso debe suponer un paso atrás en lo avanzado con la normativa autonómica”. Así mismo, esperan que “sea objeto de consulta y diálogo con todas las partes implicadas y que tenga en consideración las especiales circunstancias de Galicia y en particular del sector mar industria. Por todo ello, necesitamos unidad de acción en Galicia y el apoyo y compromiso de todos sin fisuras, en torno a la sostenibilidad medioambiental económica y social de nuestra costa”.
