La Comisión de Competitividad y Fondos de la Unión Europea de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) advierte, tras la reunión mantenida esta mañana, de que la escalada de las volatilidades de las materias primas a nivel mundial y de la energía -especialmente de la electricidad en el mercado nacional-, comprometen la competitividad de sectores productivos estratégicos como la automoción y auxiliares, la construcción o la logística, entre otros.
En los últimos ejercicios las materias primas se han ido convirtiendo de forma progresiva en un valor refugio ante el mal desempeño en los mercados de valores de otros activos que, tradicionalmente, se consideraban más rentables. Como consecuencia, los inversores han volcado en ellas una demanda que ha provocado una escalada en sus valores. Esta tendencia no sólo no se ha revertido, sino que se ha agudizado por la paulatina recuperación de la demanda de sus consumidores habituales, y por las perspectivas de crecimiento de la actividad en infraestructuras, ingeniería civil e instalación de energías renovables, la fabricación de vehículos eléctricos, etc.
Sectores como el de la construcción sufre este proceso desde el segundo semestre del 2020, con el agravante de que muchas de las materias primas que se consumen son importadas porque la demanda no puede cubrirse con la producción interna. Nos referimos a productos como acero, aluminio, madera, plásticos o cobre, metal imprescindible en los elementos electrónicos y cuyas disponibilidades llevan al alza muchos lustros, por la altísima demanda y la baja producción. La situación ha llevado a incrementos en los materiales, que en algunos casos superan el 50%.
Mención especial merece la energía: el valor del barril Brent y la electricidad no han tomado un camino muy diferente. La electricidad ha experimentado alzas continuadas en el mercado nacional, alcanzando la semana pasada picos inéditos, correspondientes no tanto a la energía consumida como a los cánones e impuestos que los gravan.
Así, queremos poner de ejemplo de incompatibilidad para optar a horarios valle para consumo de electricidad la actividad a conserveras, frigoríficos o metalmecánicas, así como a hostelería, peluquerías o tintorerías.
Por si fuera poco, los costes del sector de la logística dependen directamente de los combustibles y su impacto termina fluyendo por toda la cadena productiva, irremediablemente, hasta el final de la cadena.
El gasóleo está subiendo también, alcanzando nuevos máximos anuales después de siete incrementos consecutivos. Desde principios de año el litro de gasóleo se ha incrementado en un 14,21%. Ello penaliza especialmente al sector del transporte gallego y en consecuencia a las empresas a las que dan servicio, cuando todavía se está a la espera de si se llega a ejecutar o no la amenaza de continuar subiendo los peajes en la AP-9 e implementarlos en autovías.
Una de las consecuencias directas de la crisis derivada del COVID-19 fue la rotura de existencias por la paralización de las fábricas de los mercados asiáticos y otros mercados proveedores de insumos intermedios, como es el caso de los microchips. Los stocks en muchos casos continúan luchando por estabilizarse y atender la demanda –con la consiguiente subida de precios-.
El otro efecto directo ha sido la caída de los tráficos marítimos y la acumulación de contenedores en puertos, sin posibilidad de ser transportados, disparando los fletes, circunstancia que aún perdura, y complica la gestión portuaria.
Si se conjuga la situación actual de las materias primas y de la energía, el impacto sobre los costes de producción es innegable y difícil de eludir. Es una situación muy complicada y, que, por lo que apuntan los mercados, no se va a resolver a corto plazo.
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) muestra su preocupación por la complejidad y gravedad de la situación actual y utilizará todas las vías institucionales, y que permita la libre competencia, para encontrar soluciones que contrarresten estos efectos tan perniciosos para el tejido productivo. En particular considera necesario buscar medidas que contemplen las situaciones especialmente perjudiciales que se dan en la ejecución de contratos públicos vigentes y los que se puedan suscribir a futuro.
