La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se adhiere a CEOE en su petición al Defensor del Pueblo de un recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Patrimonio, concretamente contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021, que otorga una nueva redacción al artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio.
La organización empresarial gallega se suma así a una iniciativa impulsada desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales a la que se han sumado también el resto de patronales territoriales españolas, que han unido sus fuerzas en contra de un impuesto que consideran injusto desde el punto de vista constitucional.
El recurso planteado por los empresarios está fundamentado en un informe jurídico, que advierte sobre el carácter confiscatorio de este impuesto, en contra de lo establecido en el artículo 31.1 de la Constitución Española, puesto que grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado anteriormente a través de otros impuestos.
La CEG lamenta el carácter anómalo del Impuesto de Patrimonio en el ámbito del Derecho comparado de la Unión Europea, y que solo existe en España dentro de la Unión, cuestión puesta ya en duda por el propio Defensor del Pueblo en un informe a las Cortes Generales en 1984.
El escrito dirigido al Defensor del Pueblo indica que “las empresas consideran fundamental el derecho a un sistema tributario justo, que contribuya a los gastos públicos en función de su capacidad económica, pero siempre bajo el principio de igualdad y progresividad. En ningún caso, tendrá alcance confiscatorio», reclamando de esta forma a esta figura la supervisión para que el cobro de los impuestos y los procedimientos aplicables sean justos.
Además, el documento recuerda al Defensor del Pueblo que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 incrementa el tipo marginal máximo de este impuesto del 2,5% al 3,5% y se establece su mantenimiento con carácter indefinido.
Finalmente la patronal gallega lamenta que la presión fiscal empresarial y la recaudación total procedente de las empresas sea proporcionalmente mucho mayor en España que en el resto de la Unión Europea, lo cual redunda en detrimento de la competitividad empresarial y contribuye a la destrucción de empleo.
Al contrario, en la crítica situación actual, se debería apostar por una reducción de la presión fiscal sobre las empresas y los profesionales, como ya lo están haciendo en Estados vecinos, que no comprometa la supervivencia del tejido productivo cuando la falta de ingresos en muchos negocios es constante. Además, la tendencia debería ser la eliminación de aquellas medidas fiscales que disuadan a particulares y empresas de realizar inversiones productivas en Galicia.
