La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se ha reunido con la candidata del BNG a la Xunta de Galicia, Ana Pontón.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites ha expuesto a Pontón que “Galicia necesita un gobierno estable y no radicalizado, que apueste por la industrialización y apoye al tejido empresarial”, haciendo especial mención a los autónomos y a las pequeñas empresas.
Así mismo, ha recordado que desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) consideran que “las empresas deben ser parte activa en los procesos de análisis y toma de decisiones que afectan a nuestra actividad, como pilar fundamental para la formación de un ecosistema incentivador de inversiones y para evitar ver comprometida la competitividad y con ello el crecimiento económico de Galicia”.
Por ello, ha subrayado que “son muchos los motivos de preocupación a atender para no lastrar el desarrollo de Galicia: una desaceleración de la actividad económica y un incremento de los costes laborales, financieros y de producción, además de hacer frente además a los importantes retos que se derivan de los procesos de reindustrialización y de transformación de modelo productivo que estamos acometiendo”.
Durante la reunión han hablado de las distintas preocupaciones del empresariado. En cuanto a la transición energética y el cambio del modelo productivo le han advertido que “no serán posibles sin sentar las bases de la colaboración entre las diferentes administraciones con competencias en materia energética y la agilización en las tramitaciones de proyectos”.
Señalan que “si no se agilizan los trámites, se ajustan los plazos de los procedimientos y se regula de forma clara y estable no se evitarán las paralizaciones y demoras en los proyectos, como la revisión en sede judicial de las autorizaciones obtenidas y de la que se derivan importantes pérdidas que lastran el desarrollo económico de Galicia”.
Vieites ha incidido en que “el Gobierno tiene que garantizar que la modificación de la planificación eléctrica 2021-2026 sea clara y adecuada para asegurar la viabilidad de los proyectos estratégicos que actualmente se están desarrollando en el marco de los objetivos de descarbonización y reindustrialización. También tiene que acelerar el despliegue de las energías renovables y abordar decidida y conjuntamente la aceptabilidad de los proyectos. Y dar el impulso definitivo al desarrollo de la eólica marina, articulando los mecanismos de apoyo necesarios que permitan despegar y aprovechar todo su potencial y estableciendo un marco regulatorio actualizado, estable y que garantice la compatibilidad de las diferentes actividades económicas y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización”.
En este sentido, también hablan de hacer efectiva la conexión de Galicia a la red del hidrógeno para aprovechar el potencial gallego en la producción a nivel local a partir de recursos disponibles en el territorio, “evitando el aislamiento y la penalización en la competitividad del tejido productivo en general y del sector industrial en particular”.
Añaden que hay que “acompasar el ritmo de la descarbonización al del resto de territorios para no perder competitividad como consecuencia de condiciones menos restrictivas en otros países o regiones, con calendarios realistas y exigencias que no ahoguen la actividad empresarial, sin perder de vista los objetivos climáticos fijados”.
En cuanto al sector mar industria detallan que “es necesario modificar la Ley del Suelo y en su caso en los desarrollos reglamentarios de la misma, para que sea posible ampliar las instalaciones ya existentes en la franja de los 100 metros de servidumbre, de propiedad privada. Y defender los intereses gallegos en relación con la normativa reguladora de costas y ordenación del litoral. Es imprescindible un marco que dé seguridad jurídica y protección a los establecimientos del litoral ya existentes y a los de nueva creación”.
Entre el empresariado gallego existe una gran preocupación ante la desaceleración de la actividad económica y la reducción de la inversión en Galicia en los últimos años, o los incrementos de los costes laborales, financieros y de producción, “lo cual supone un riesgo para el mercado de trabajo y la economía en general. Resulta esencial impulsar la actividad económica, el crecimiento y la generación sostenida de empleo. Esto debe hacerse respaldando a las empresas en este entorno de incertidumbre, evitando que cualquier medida adoptada introduzca rigideces y costes adicionales que puedan frenar el ya amenazado ritmo de creación de empleo”.
