La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) advierte de las pérdidas millonarias y del perjuicio, no solo para las empresas del sector energético, sino para todo el conjunto del sector industrial gallego, que se podría ver afectado por la revisión de las autorizaciones en sede judicial.
“Las repercusiones empresariales son significativas. Varios proyectos eólicos han sido objeto de denuncias y recursos legales, lo que ha implicado costes económicos y ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas involucradas y para todo el tejido industrial de Galicia”.
Pero Juan Manuel Vieites precisa que “hay que tener en cuenta que las empresas promotoras han participado en una carrera contrarreloj para obtener una declaración de impacto ambiental favorable para aquellas instalaciones para las que ya contaban con permisos de conexión a la red”.
Desde la CEG insisten en que “son inversiones millonarias rodeadas ahora de una gran incertidumbre e inseguridad jurídica. Se está comprometiendo la gran apuesta de Galicia por la transición energética, pero también se está poniendo en peligro la viabilidad de empresas y proyectos industriales que habían suscrito contratos PPA con los promotores de muchos de estos parques y cuya competitividad queda ahora comprometida si no se ejecutan los proyectos.”
Todo ello repercute, así mismo, en el empleo generado por estas actividades y por las empresas que participan en su instalación y mantenimiento.
Cada MW se crea en torno a 4 empleos y la eólica terrestre se estima en alrededor de 2.500 millones de euros la inversión en el próximo quinquenio.
“No puede ser que ahora, de modo sistemático, numerosos proyectos que han sido sometidos durante meses e incluso años a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sean suspendidos o rechazados, cuando dicho sistema aplicado con rigor, ya ha dejado sin Declaración de Impacto Ambiental favorable a muchos proyectos en sede administrativa.
Es preciso valorar el alcance de esta paralización, ya que no sólo afectará aisladamente a los proyectos objeto de instalación, sino que “tendrá graves implicaciones para otros proyectos nuevos y tractores de la economía como son los de hidrógeno y de amoníaco o fabriles ya anunciados y que demandarán un gran consumo de energía nueva y renovable, que podrían peligrar si los desarrollos eólicos no se implantan en nuestra comunidad: Podría extenderse esta práctica a todos los proyectos industriales que precisen de una Autorización Ambiental Integrada”.
Además, añaden que “estas paralizaciones generan perjuicios irreparables claros a corto plazo como la caducidad de los permisos de acceso y conexión; incumplimientos en los contratos a largo plazo de suministro de energía (PPA) o el pago de penalizaciones millonarias por incumplimiento de contratos con tecnólogos y empresas constructoras”.
Juan Manuel Vieites habla de preocupación máxima de todos los empresarios gallegos ante la judicialización de un sector clave en nuestra comunidad, lo cual genera nefastas consecuencias en la actividad económica y con ello en el empleo y en futuras inversiones: “estamos enviando señales que no favorecen la atracción de inversores y promotores de proyectos industriales a nuestra comunidad”.
