Primer Encuentro Bilateral entre la Confederación Canaria de Empresarios y la Confederación de Empresarios de Galicia

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se han reunido para tratar asuntos en común como la gestión del litoral, la pesca y el Marco Financiero Plurianual 2028–2034.

En la sede institucional de la Confederación Canaria de Empresarios se mantuvo un primer encuentro bilateral con la Confederación de Empresarios de Galicia. Una primera jornada de trabajo orientada a fortalecer la colaboración interregional y abordar conjuntamente los retos y oportunidades que afectan al tejido productivo de ambas comunidades.

La reunión ha contado con la presencia del presidente y del vicepresidente ejecutivo de la CCE, Pedro Ortega y José Cristóbal García, y con la del presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, además de miembros de la Junta Directiva.

El presidente de la CCE, Pedro Ortega, ha incidido en que “las cifras de recaudación tributaria en España han alcanzado niveles históricos y que, desde la visión empresarial, este incremento debe sustentarse en el crecimiento de las bases imponibles y en una lucha eficaz contra el fraude fiscal, evitando aumentar la presión sobre los contribuyentes que ya soportan cargas comparables o superiores a las de otros países de nuestro entorno. También apunta que “a pesar de estos ingresos récord, la falta de consenso político está impidiendo la aprobación de nuevas Leyes de Presupuestos Generales del Estado y que esta situación limita la capacidad de canalizar los recursos hacia políticas de inversión pública, generando un déficit estructural que compromete la competitividad de la economía española a largo plazo” así como, en “la necesidad de afrontar una actualización de las condiciones del traslado de las competencias estatales en materia de costas en el caso de Canarias, dado el contexto de conflicto que se ha generado en la gestión de algunas competencias concretas que sigue atribuyéndose el Estado.”

En lo que se refiere a la gestión del litoral, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, subraya que “nuestras costas merecen un tratamiento específico que compatibilice la conservación de su riqueza natural, con las actividades económicas que forman parte esencial de nuestra economía. Siempre instamos al Gobierno central a que establezca una mesa de análisis y negociación con los sectores afectados, para que la regulación ponga en equilibrio la protección y conservación del medio natural y el desarrollo socioeconómico. En este sentido, entendemos que la modificación o elaboración de un nuevo Reglamento de la Ley de Costas en ningún caso debe suponer un paso atrás en lo avanzado con la normativa autonómica, ha de ser objeto de consulta y diálogo con todas las partes implicadas y debe tener en consideración las especiales circunstancias de nuestras comunidades autónomas”.

Por otro lado, han abordado el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028–2034 que creen “debe ser concebido como un instrumento para reforzar la unidad de la Unión Europea, capaz de proteger nuestro modelo social, asegurar nuestra autonomía estratégica y proyectar estabilidad en un mundo incierto”. Es por ello que ambas confederaciones suman fuerzas y trabajo, para defender los frentes comunes y todas aquellas cuestiones que afectan y preocupan a los empresarios y empresarias canarias y gallegas, dado que se prevé una mayor centralización para los estados miembros en la gestión de proyectos, lo que genera una pérdida de autonomía para las regiones.

Desde la CCE destacan, con el apoyo de la CEG, que el sector portuario enfrenta el desafío de aplicar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), “una medida que –dicen- parece actuar como un sistema impositivo: a mayor emisión, mayor coste. Perjudica la competitividad de nuestros puertos y en consecuencia de nuestras regiones, Canarias se ve especialmente afectada, por lo que resulta esencial que se respeten sus condiciones particulares como Región Ultraperiférica (RUP), y los sobrecostes que esto lleva implícito”.

En cuanto al sector de la pesca, recuerdan que “además de lo que supone en términos económicos, es garante de soberanía alimentaria y custodio de nuestro patrimonio”. Por ello, creen necesario promover el consumo de pescado; apostar por la dieta atlántica; incorporar los productos del mar entre aquellos que puedan gozar de rebajas fiscales; debatir la posibilidad de financiar la renovación de la flota en la próxima reforma de la PPC; y apoyar con medidas la promoción del relevo generacional.

Durante la reunión también han tratado temas como absentismo; la fiscalidad; las infraestructuras; y la transición energética, además de poner en valor sus sectores agroalimentario y turístico.

Desde el empresariado canario y gallego insisten en que el absentismo laboral por ITCC representa un problema muy grave para la actividad económica y el empleo, por lo que propone que todas las partes implicadas deben analizar la situación y buscar soluciones. En este sentido, sugiere que la Administración implemente medidas urgentes de control y colaboren el sistema sanitario público y las mutuas para agilizar los procesos de diagnóstico, tratamiento y recuperación, incluyendo protocolos que adelanten pruebas, intervenciones y rehabilitación.”

Ambas organizaciones reconocen y ponen en valor el papel que está desempeñando el turismo en el crecimiento de nuestra economía, especialmente en el caso de Canarias donde genera el 37% del PIB y el 39% del empleo de las Islas, y apuestan por mejorar la reputación sectorial del turismo, apostar por un modelo de turismo sostenible, reforzar medidas que fomenten la llegada de turistas durante todo el año, mejorar la competitividad de las empresas del sector, diversificar la oferta turística poniendo el foco en la investigación y desarrollo , y en la profesionalización del sector, a través de la formación y cualificación de las personas trabajadoras del sector turístico, con el fin de mejorar la calidad del servicio.

Desde el empresariado canario y gallego reclaman, una vez más, que “los gobiernos no deben suplantar o condicionar por vía regulatoria la autonomía de las partes en las materias que deben ser objeto de negociación y consenso por empresarios y trabajadores.” Los incrementos del SMI de estos últimos años y medidas como la propuesta reducción de jornada son ejemplos de iniciativas que originan no sólo un incremento de costes empresariales, sino una afectación grave al sistema de relaciones laborales basado en el diálogo social y la negociación colectiva”.

También expresan su preocupación por las dificultades que enfrentan muchas empresas —especialmente las pequeñas y medianas— para cubrir vacantes, lo que ralentiza su operativa, limita su capacidad de innovación y puede frenar su expansión.

En cuanto a la fiscalidad hablan de avanzar en el diseño de un sistema más simplificado; reducir la presión fiscal; evitar la generación de nuevos impuestos; eliminar impuestos como el de sucesiones y patrimonio; y ofrecer un marco claro y transparente que aporte mayor seguridad jurídica a las empresas.

Añaden como prioridad impulsar la modernización y la implementación de las infraestructuras de transporte necesarias que hagan posible que mercancías y viajeros se desplacen en tiempos razonables y competitivos.

En esta línea, la conectividad aérea adquiere un carácter estratégico para asegurar y consolidar el crecimiento económico y la cohesión territorial, especialmente en el caso de Canarias, donde constituye un pilar fundamental para la vertebración entre islas, y entre el Archipiélago y el resto del continente, debido a su situación geográfica, con un territorio fragmentado y la condición de doble insularidad.

De este modo, resulta clave reclamar una mayor colaboración de los agentes sociales y las administraciones en la gestión aeroportuaria y en la elaboración y diseño de los planes estratégicos de los aeropuertos radicados en Canarias, con el objetivo de propiciar una adaptación más precisa a las demandas de la sociedad y empresas de las Islas.

Sobre la importancia indiscutible del sector agroalimentario, tanto en Canarias como en Galicia se hace necesario “arbitrar medidas para protegerlo; defender de una forma clara y firme los intereses del sector ante las instituciones del Estado y de la UE; invertir en innovación y adoptar tecnologías modernas que contribuyan a atraer talento al sector y a garantizar el relevo generacional”. En este sentido, se produjeron los primeros contactos para producir una línea de colaboración con el sector agroalimentario, en general y con el lácteo, en particular.

Por último, explican que los objetivos de descarbonización urgen a apostar de forma decidida por las energías limpias, reducir la dependencia energética de terceros y asegurar el suministro de energía a precios asequibles para ser competitivos. Creen necesaria la implicación de todas las administraciones, para avanzar en el desarrollo de la eólica marina y para hacer de la transición ecológica una ventaja competitiva única.

En definitiva, el encuentro ha marcado el inicio de una agenda de colaboración con vocación de continuidad, orientada a compartir experiencias, promover proyectos conjuntos y reforzar la defensa de los intereses territoriales en los distintos ámbitos institucionales.