En un paso clave para la cohesión territorial de la Unión Europea, esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el desarrollo de las regiones fronterizas en las que residen más de 150 millones de ciudadanos mediante la promoción de soluciones a sus desafíos específicos, tales como el desarrollo de infraestructuras, la gestión de servicios públicos transfronterizos, el acceso a la asistencia sanitaria o a los servicios de emergencia o la coordinación de la respuesta a las catástrofes.
El acuerdo provisional alcanzado incluye la posibilidad de establecer puntos de coordinación transfronteriza, un nuevo servicio que evaluará las solicitudes de las partes interesadas locales sobre posibles obstáculos y actuará como enlace con las autoridades nacionales para abordarlos.
Este nuevo marco jurídico complementará las herramientas existentes y se aplicará tanto a las fronteras terrestres entre estados miembros vecinos como a las fronteras marítimas. Los Estados miembros tendrán libertad para decidir si establecen puntos de coordinación transfronteriza para gestionar expedientes y resolver obstáculos en estas áreas. Para aquellos estados miembros que opten por no establecer estos puntos de coordinación, las obligaciones de información serán limitadas.
Aunque el reglamento no se aplicará a las regiones fronterizas con terceros países, sí contempla la posibilidad de que los Estados miembros establezcan marcos procedimentales equivalentes bajo su legislación nacional para abordar cuestiones transfronterizas en colaboración con países no pertenecientes a la UE.
Próximos pasos
El acuerdo provisional deberá ser ratificado por ambas instituciones, Parlamento y Consejo en su conjunto y someterse a una revisión jurídico-lingüística antes de su adopción formal esperando entrar en vigor a principios del próximo año
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