La XVII Reunión de la Comisión Hispano-Lusa de Cooperación Transfronteriza celebrada en Tordesillas, ha vuelto a poner sobre la mesa las necesidades de los territorios que comparten frontera entre España y Portugal. Representantes de las comunidades autónomas y regiones portuguesas fronterizas, trabajaron juntos en la preparación de la próxima Cumbre Ibérica que tendrá lugar en 2027 para trasladar a ambos Gobiernos una agenda de prioridades que debe traducirse en compromisos concretos.
Para Galicia y el Norte de Portugal, esta agenda tiene una importancia estratégica. La Eurorregión constituye un espacio económico y social estrechamente interrelacionado, donde miles de personas trabajan, emprenden, comercian y utilizan servicios a ambos lados de la frontera. Sin embargo, esa integración real todavía convive con obstáculos que limitan el aprovechamiento de todo su potencial.
Uno de los principales objetivos es avanzar en el Estatuto del Trabajador Transfronterizo, que permitiría abordar de forma conjunta las particularidades de quienes residen en un país y trabajan en el otro, aportando mayor seguridad jurídica sobre sus derechos y obligaciones, tanto para los trabajadores como para las empresas.
No se trata únicamente de facilitar los desplazamientos, sino de evitar que las diferencias o la descoordinación entre los sistemas nacionales de empleo, Seguridad Social y fiscalidad, entre otros, se conviertan en un desincentivo para contratar o desarrollar una actividad profesional al otro lado de la frontera.
En este último ámbito, merece la pena plantear la posibilidad de revisión y actualización del Convenio entre España y Portugal para evitar la doble imposición, firmado en 1993. La realidad de 2026 es muy diferente: la transformación del mercado laboral, el incremento del trabajo a distancia o del teletrabajo y las nuevas modalidades de prestación de servicios, justifican examinar si sus disposiciones siguen respondiendo adecuadamente a la realidad actual. Quizá su actualización permitiría aportar mayor claridad y seguridad jurídica a trabajadores y empresas y también a las autoridades tributarias de España y Portugal, evitando situaciones de incertidumbre y facilitando la movilidad.
La Unión Europea es consciente de la necesidad de mejorar y evolucionar el marco de la movilidad y de ahí las recientes novedades europeas que hemos conocido. El 28 de septiembre, se aprobó definitivamente la revisión de los reglamentos de coordinación de los sistemas de Seguridad Social, con mejoras en ámbitos como las prestaciones por desempleo, familiares y de cuidados de larga duración, así como en la determinación de la legislación aplicable a quienes trabajan en varios Estados miembros, con implicaciones tanto para los trabajadores desplazados como para los trabajadores fronterizos. Son avances importantes, pero que en gran medida aun tardarán años en ser efectivos.
Asimismo, el paquete de movilidad laboral justa presentado por la Comisión Europea el 15 de septiembre, incorpora iniciativas para simplificar los trámites, facilitar el reconocimiento de cualificaciones y desarrollar el Pasaporte Europeo de Seguridad Social, pendientes muchas de ellas de la tramitación y en su caso aprobación de los correspondientes instrumentos legislativos.
No cabe duda de que dichas medidas contribuirán a la llegada de procedimientos más sencillos y herramientas digitales para acreditar los derechos. Pero estas iniciativas europeas no sustituyen la imprescindible cooperación bilateral entre España y Portugal, que debe servir para poner en valor el marco europeo y sus prestaciones, pero también para atender a las soluciones que la práctica concreta requiere para su aplicación.
Otra prioridad esencial es la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y Oporto. La futura infraestructura permitirá mejorar la movilidad de trabajadores y viajeros y reforzar la competitividad del conjunto del noroeste peninsular. El objetivo de reducir el trayecto directo entre Vigo y Porto a unos 50 minutos constituye una oportunidad extraordinaria que no debería someterse a más demoras.
Finalmente, la próxima Cumbre debería abordar también la participación de las regiones en el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE 2028-2034. La simplificación de los instrumentos europeos no puede traducirse en una centralización que aleje las decisiones de los territorios. Galicia y el Norte de Portugal necesitan participar activamente en la programación y gestión de los fondos, garantizando recursos para la cohesión, las infraestructuras y la cooperación transfronteriza.
Tordesillas ha recordado que la cooperación entre ambos países necesita la voz de sus territorios. La próxima Cumbre Ibérica debería convertir esa voz en compromisos verificables. El objetivo es sencillo, aunque ambicioso: que la frontera deje de ser una barrera administrativa y se convierta definitivamente en un espacio de oportunidades para trabajadores, ciudadanos y empresas.
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